Negocio familiar en Calimaya

Para la administración de Óscar Hernández Meza parece que ya es negocio familiar estar en la política y presuntamente lo hacen de forma descarada. Al parecer, así lo demuestra el actual primer regidor, Erick Hernández Munguía y su señora esposa Isabel Carmona Lavanderos, quien funge como directora de Turismo, y cabe mencionar que no es el primer puesto público que ocupan, ya que en han estado en administraciones pasadas justamente al lado de “El Capulina” Hernández.

La duda es, que, si ya habían sido servidores públicos en puestos tan destacados, cómo es posible que no supieran que tener a familiares trabajando dentro del ayuntamiento incurre en posible delito de nepotismo.

Este aparente delito que se vive en la actual administración no es cosa nueva, pero de comprobarse, estos esbirros de la política estarían pasándose por el arco del triunfo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que, en su Capítulo único, título tercero, apartado II, Artículo 42. Sección XIII, dice: Abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con quienes tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sea titular y si se le rasca otro poquito, se podrían estar quebrantando muchos más artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de México como el 7, que indica el Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros o el 52, que habla de que, para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, se vean involucrados en: El cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, el actuar bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el tráfico de influencias, entre otros.

Esto es básicamente, que “alguien”, se tome atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para si o para los suyos. Que cualquier servidor público autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación indebida, o aquel o aquella que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o los suyos, ¿Le suena la historia?

Cabe destacar que si en algún momento el OSFEM hace su aparición debida con las auditorías en Calimaya, las consecuencias de una mala práctica en el servicio público serían desde la suspensión del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo por un periodo, la destitución de su empleo, cargo o comisión, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, hasta una fuerte sanción económica.

Y es que todos hacemos nuestra luchita para ganarnos los centavos, pero cuando se trata de puestos municipales que se pagan con dinero del erario, pues hay que tener por lo menos tantita vergüenza y no querer meter hasta a la abuelita a la nómina.

Tal parece que Óscar “El capulina” Hernández Meza, durante los años que lleva al frente de la política municipal de Calimaya, no solo ha vivido de ella, sino que se ha encargado de llevar a cabo un coto de poder, rodeándose de personajes que no le pueden decir que no y hasta le aplauden sus decisiones por muy absurdas que sean, sin discernir ni cuestionarlo; a fin de cuentas, qué más da si se quebranta la ley, el chiste es recibir quincenas contantes y sonantes.

Osvaldo García