¿Qué esconde el Gobierno de Atizapán? Es la pregunta constante entre la población de este municipio, debido a la falta de información sobre los tejes y manejes dentro de la actual administración que encabeza el famosísimo “Osito” Isaac Reyes.
Mientras los demás órdenes de Gobierno han hecho hincapié en la importancia de entregarle cuentas claras a sus gobernados, pareciera que en Atizapán tienen la firme convicción de seguir haciéndole mala publicidad a su partido de extracción; peor aún, en vísperas de próximas elecciones gubernamentales, donde las figuras candidateables, basan sus estrategias, muchas veces apoyadas en las acciones que realizan los gobiernos de sus mismos partidos.
Es una pena que, Isaac Reyes Salazar aparentemente haya utilizado el halo de su partido para llegar a la silla para después no rendirle cuentas a nadie; y es que por si no bastaran las múltiples denuncias por no atender las necesidades de la ciudadanía, ahora la administración de Atizapán es un gobierno Fantasma.
Esto se debe a que, a medio año de iniciado el mandato, no existe información alguna sobre el manejo de los dineros, sobre los salarios de los servidores públicos y ni siquiera sobre cuántas personas laboran para el municipio, si ve usted que lo pedido por la plataforma SAIMEX venía convenientemente ilegible, al grado que se tuvo que volver a pedir.
La Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y Municipios en el Capítulo Primero establece que se deben implementar las tecnologías de información a través de la regulación de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios gubernamentales en los municipios, para llevar a cabo la gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos.
De igual manera, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dice que “Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno, que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados (en este caso, el Ayuntamiento de Atizapán) y deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. Los servidores públicos deberán transparentar sus acciones, así como garantizar y respetar el derecho de acceso a la información pública”.
Cabe destacar se requiere un comité de transparencia, encargado de realizar esta chamba y se les paga un sueldo por eso, el cuál al parecer no desquitan, porque en Atizapán podrá haber de todo, menos claridad en sus acciones.
Este tipo de evasión de responsabilidad puede desencadenar en una denuncia, que si bien, se otorga una prorroga para apegarse a la Ley de Transparencia, el desacato podría llevar a uno o varios servidores públicos a obtener una sanción administrativa y hasta penal; puede tener amonestaciones públicas y hasta multas monetarias.
Lo peor viene cuando, la razón para no hacer públicas las cuentas del Ayuntamiento, se deba a una probable comisión de delito que esté plasmada en esa información porque “éstos se persiguen de oficio y se deberá dar el aviso correspondiente al Ministerio Público, remitiéndole copia de las constancias conducentes”.
Cabe señalar que, además, sin transparencia e información sobre los recursos, la posibilidad de que la sociedad vigile a su gobierno municipal se ve frustrada; además tiene como consecuencia que la sociedad no confié en su gobierno.
Ariz Vega