Es una pena que, siendo parte de los “profesionales” de la Educación y teniendo la responsabilidad el “enseñar” a las nuevas generaciones, personas como el alcalde de Joquicingo se conduzcan con aparente falta de conocimiento en cuestiones esenciales como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sería muy vergonzoso que, el alcalde que se ostenta como “profesor” no conociera dicho documento, sobre todo si ocupa un puesto dentro del Gobierno Municipal; lo terrible del caso es que se intenten “pisotear” los derechos de los ciudadanos sin que este presidente haga algo, como lo sucedido el pasado 24 de junio, cuando fue su propia progenitora, junto con algunos albañiles armados con herramientas de su trabajo, quienes impidieron que miembros de esta casa editorial realizaran su labor de reparto de ejemplares, cerrando su paso.
Situación que, desafortunadamente se repitió el pasado 15 de julio, cuando ahora, dentro del mismo Ayuntamiento de Joquicingo, dos compañeras fueron interceptadas por el oficial C. Flores para prohibirles la entrada a las instalaciones de la Presidencia Municipal, al tiempo que otro elemento de nombre Joaquín Rivera Ortega, indicaba que se le debía acompañar a la comandancia, como si repartir periódico fuera un delito.
Aunado a esto, se contó con el arribo de dos personas más, un elemento femenino con uniforme igualmente de policía y otra vestida de civil, la cual no se identificó pero que, igualmente nos prohibió el paso hacia las oficinas del Ayuntamiento.
Cabe destacar que nunca dieron un argumento que validara dicha indicación, quizá no le vendría mal a ciertos servidores públicos echarle una leidita a la Constitución, no nada más por la situación que le estamos comentando, sino porque a palabras del elemento C. Flores, las indicaciones fueron dadas por su superior del cual no quiso dar nombres, pero, con base en el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2022 de Joquicingo, en su Título X capítulo II artículo 205 dice: El Presidente Municipal ejercerá el mando de los miembros del Cuerpo de los miembros del Cuerpo de Seguridad; por lo que se presume que podría haber sido ese “superior” quien dio la orden para impedir el trabajo de nuestros distribuidores.
Cabe destacar que la situación fue grabada en video por el personal de este semanario, situación que, una vez vista por los servidores públicos en cuestión, los llevó a “amablemente” pedirles a nuestros repartidores que ahora sí, subieran a distribuir ejemplares sin ningún problema. ¿Pues quién los entiende?
Lo peor sucede cuando, por este tipo de acciones, son los propios elementos de este cuerpo de policía, los que terminan pagando los platos rotos, ya que se entiende que solo siguen órdenes y que, en muchas ocasiones, son ellos los que son enviados a realizar el trabajo “sucio” de otros servidores con la consigna, en la mayoría de los casos, de no ser despedidos si no hacen lo que se les pide, aunque obedecer dichas demandas les cause problemas futuros y los dejen solos a su suerte.
Estos dos casos tienen algo en común, “brincarse la ley”, y es que valdría la pena que Rausel Cervantes le ayude a su señora madre, así como a sus empleados a buscar el significado de “Libre tránsito” y “Libertad de expresión”, ya del hostigamiento recibido hablamos en otra ocasión.
Tan solo en los artículos 6 y 7 constitucionales, así como el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que Nadie tiene el derecho de prohibir o limitar la libertad de expresión; el artículo 11 constitucional que habla sobre el libre tránsito y el 16 en el que se aclara que nadie puede ser molestado en su persona a menos de estar cometiendo un delito. ¿Será que, para el edil, repartir periódico en un edificio público, es delito?
Quizá el alcalde Rausel Cervantes, no cumple con la Ley porque no la conoce, pero bien dice un importante principio jurídico, “La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento”, mucho menos si tratas de, presuntamente, usar la ley a conveniencia.
Ariz Vega
