Parece que lo raro en el ayuntamiento que dirige el “mayestro” Rausel Cervantes sería encontrar un área con orden y transparencia, pues por donde se le busca saltan las irregularidades. Por supuesto, el Sistema DIF municipal no es la excepción, y ya en semanas pasadas le mostramos cómo según el “tabulador de sueldos” de este organismo está plagado de “asesores” donde incluso algunos cobran más que la mismísima directora, caso que se repite, como hemos documentado, en todo el ayuntamiento, haciendo de ésta, la administración donde reinan los “asesores”, “auxiliares” y los “consejeros”.
Pues bien, resulta que, en la nómina del DIF, documento que fue proporcionado por el propio sitema descentralizado a través de SAIMEX, una de estas “auxiliares” funge como tesorera, o al menos así lo demuestra su firma en el acta de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. O sea que ya no se entiende si es “asesora” o si es la tesorera; y como la transparencia no es un valor que tenga presente dicho organismo, no hay cómo aclararlo. Este es el caso de Ocaydi Andrade Ubaldo, que, según el acta antes mencionada, es la tesorera del DIF y que en el tabulador de sueldos aparece como “auxiliar administrativo”.
Por una parte, si es oficialmente es la tesorera, estaría faltando al Artículo 15 Ter de la “Ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social, de carácter municipal, denominados Sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”, el cual señala que debe: “Acreditar ante el Titular del organismo o ante el Consejo Directivo, cuando sea el caso, el tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo, contar con título profesional en las áreas económicas o contable-administrativas con experiencia mínima de un año en la materia y con la certificación de competencia laboral específica”. Ya que Ocaydi Andrade es, según su firma en el acta mencionada, “pasante en pedagogía”, falta a la Ley ya que no está titulada y ni siquiera su carrera es afín a las áreas económicas o contable-administrativas, como dicta la ley.
Ahora bien, si oficialmente no es tesorera, sino simplemente “auxiliar administrativa”, incurriría en abuso de funciones, como señala el Artículo 58 de la “Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios”, el cual dice: “Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas”, ya que siendo “auxiliar” no tendría por qué firmar como titular de la tesorería.
Y esto de tratar de esconder irregularidades se hizo evidente cuando se realizó la solicitud de transparencia 00004/JOQUICIN/IP/2022, la cual solicitó los nombres y requisitos cumplidos de los titulares de DIF, incluyendo al tesorero, el cual, como era de esperarse, la Unidad de Transparencia no cumplió, como señala el “Acuerdo de Incumplimiento al Recurso de Revisión 01918/INFOEM/IP/RR/2022”, emitido por el INFOEM y que fue turnado al SAIMEX “para efecto de que, en uso de sus atribuciones, se impongan las medidas de apremio procedentes”.
Pero ni con este “jalón de orejas” ha entendido el ayuntamiento de Joquicingo y todavía no hay información pública sobre el DIF, lo que hace levantar las suspicacias de qué tanto andarán haciendo con este organismo la “mayestra” Josefina González, presidenta honoraria y esposa del “mayestro”, y por supuesto, la directora Selene Jaime Arzate. Porque una de dos: o es pura incompetencia y no saben cómo hacer su trabajo, o hay mucho que esconder en el DIF Joquicingo.
Osvaldo García
