¿Será posible que una presidenta municipal que gobierna por segunda ocasión cometa los mismos errores que mancharon su primer trienio? ¡Claro que es posible! Porque bien dicen por ahí que algunos aprenden de sus errores, pero otros, no solo los repiten, sino que los mejoran cuando de sacar provecho se trata.
Este quizá sea el caso de la alcaldesa de Otzolotepec, Erika Sevilla Alvarado y sus allegados, sobre todo si hablamos de quienes, durante sus años al frente de la administración, ostentan el título de Presidentas Honoríficas del Sistema Municipal DIF.
De acuerdo con el artículo 13 BIS-C de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”, el cargo de “presidente (a)” debe ser honorífico, esto define diversas formas de compromiso social, en el que las personas asumen voluntariamente tareas en beneficio de la sociedad por lo que están exentos de la percepción de salario por el desempeño de sus funciones.
Según declaraciones del ex contralor del Poder Legislativo del Estado de México, Victorino Barrios, “Las presidencias de los Sistemas DIF municipales son cargos honoríficos y ningún titular puede cobrar un salario porque incurre en un conflicto de interés y en una falta administrativa que debe ser sancionada”, así mismo recalcó que, en su mayoría, las personas que ocupan estas titularidades, son familiares de los alcaldes situación por la cual, al recibir una remuneración, se estaría cayendo en el delito de nepotismo.
Sin embargo, en un aparente uso indebido de la función pública, en Otzolotepec, la Ley antes mencionada podría estar siendo ignorada por las autoridades, pues de acuerdo con los tabuladores de sueldos tanto del trienio pasado como del actual, las presidentas del DIF han estado recibiendo dinerito; eso sí, siempre cobijadas bajo el manto de Erika Sevilla Alvarado, posiblemente convirtiendo al DIF Municipal en un paraíso al sentirse intocables por ser parte de la familia.
Con base en lo publicado por el propio Ayuntamiento en su portal de transparencia de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMex), en 2019, María del Pilar Alvarado Hernández, quien ostentaba este cargo, recibió la cantidad de $48 mil pesos de compensación, más de $80 mil pesos de aguinaldo, más de $40 mil de prima vacacional y una sospechosa gratificación de más de $488 mil pesos; con un fabuloso total de $657 mil 233 pesotes. Para 2020, recibió $593 mil 770 pesos y para 2021, también $593 mil 770 pesos; que, haciendo cuentas alegres, suman la cantidad de $1 millón 844 mil 773 pesotes.
Y por si no fuera poco, la actual presidenta “Honorífica” del Sistema DIF, Edith Sevilla Alvarado, está presupuestada con un sueldo de más de $80 mil pesos brutos para el ejercicio fiscal 2022, algo que, si bien no es tan ostentoso como el anterior, de cualquier forma, podría estar incurriendo en una falta y habrá que esperar a que no salte por ahí una compensación o gratificación extra.
Es importante recalcar que, en muchos casos, la contraloría ordena que estos pagos sean “resarcitorios”, es decir que obliga a estos “servidores públicos” a regresar el dinero que estuvieron recibiendo de forma aparentemente indebida.
¿La vergüenza mayor? Resulta indignante el cinismo de estas prácticas cuando, justamente, con el propósito de que las y los presidentes de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realmente tengan un cargo honorífico y no perciban remuneraciones, el diputado Jorge García Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, partido al que pertenece Erika Sevilla Alvarado, propuso crear organismos descentralizados de asistencia social y homologar los DIF municipales con los Sistemas DIF estatal y nacional, ya que se pronunciaron en contra de estas prácticas que, en muchas ocasiones, se prestan para malos manejos de los recursos además de las faltas ya mencionadas.
Es así como el gobierno de Sevilla Alvarado administra los recursos de Otzolotepec, los cuales usted podrá corroborar en lo publicado por el propio ayuntamiento; recursos que bien pudieron ser utilizados en otros rubros que la ciudadanía considera prioritarios y que presuntamente no han sido atendidos de fondo.
Ariz Vega
