Ya es una característica común del alcalde Óscar “Capulina” Hernández Meza para no hacerse responsable de las propias carencias de su administración y echar culpas a otras instancias gubernamentales, porque si no hay obras, es que no hay recursos federales ni estatales, o que si el boulevard de entrada al municipio no tiene para cuando terminar, dice que eso sólo le corresponde al gobierno estatal, y así se podría seguir enumerando los pretextos que pone este presidente.
Por el contrario, se levanta el cuello cuando se trata de hacer caravana con sombrero ajeno cuando son obras que benefician al municipio, como la remodelación de la Plaza del Mariachi, la cual la presume como la obra insignia de su administración y se toma la foto y demás, cuando la realidad es que es una obra que se desarrolla por parte del gobierno estatal.
Asimismo, tanto en obra pública como en materia ambiental, es el propio Gobierno del Estado el que tiene que “entrarle al quite” en favor de los calimayenses, porque al parecer, de plano el gobierno municipal no da una. Esto porque trascendió que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) clausuró seis predios ubicados en el municipio por el incumplimiento a la normatividad ambiental.
Es así que inspectores de dicha oficina estatal llevaron a cabo trabajos de inspección y vigilancia, donde suspendieron tres construcciones que se encontraban dentro del Área Natural Protegida, Parque Ecológico, Zoológico Recreativo y Turístico denominada Tollocan-Calimaya, las cuales, al momento de la inspección, no exhibieron sus autorizaciones.
Además de tres minas de extracción y procesamiento de materiales, como son arena y grava, ubicados en el sitio conocido como Rancho El Mesón y Santa María Nativitas, las cuales carecían de la infraestructura necesaria para el almacenamiento, extracción y procesamiento del material, por lo que la dependencia estatal determinó ejecutar la clausura de las actividades realizadas en estos predios.
Por una parte, muy bien por la Propaem, quienes realizan este tipo de inspecciones, pero por otro lado, se evidencia que los primeros respondientes para este tipo de diligencia es precisamente una dirección encargada de esto, como lo es la Dirección de Medio Ambiente municipal, dirigida por Mercedes Isabel Garduño Martínez, de quien su trabajo no se ha hecho notar en ya casi un año de ocupar el cargo.
Al parecer, dicha dirección sólo está de adorno, pues hasta la fecha, con la información disponible en los propios medios oficiales del Ayuntamiento, no hay registro de ningún operativo de inspección en minas, que verifique que las condiciones ambientales estén en regla para su operación. Asimismo, viene la pregunta lógica de ¿cuántos predios y minas no estarán fuera de las reglas por la displicencia del gobierno municipal?
Osvaldo García
