Si la administración del “mayestro” Rausel Cervantes se ha caracterizado por una aparente opacidad que se presta a todo tipo de suposiciones, ya que ni para subir sesiones de cabildo les da la logística, y que por ley deben hacer, pues son de interés público las decisiones que ahí se toman; pues el Sistema DIF municipal no se queda atrás, y más aún, pues se podría llevar el premio al que menos cuentas rinde.
Como ya se había apuntado a finales del año pasado, cuando, también por ley, se debía publicar el primer informe de este sistema municipal, y que a la fecha tampoco han hecho, por lo que se desconoce qué han realizado en pro de la familia joquicinguense, aparte de aplicar los programas que vienen de parte del DIF estatal. Tal parece que no hay nada más que apuntarle a los “logros” de la profesora Josefina González, presidenta honoraria de la institución y esposa del alcalde, y también a Selene Jaime Arzate, directora del organismo.
Y es que realmente no hay mucho que se pueda hacer, puesto que según el presupuesto del DIF para este año, se disponen de 5 millones 169 mil 685.41 pesos aprobados, de los cuales 4 millones 325 mil 723.32 pesos son para “servicios personales”, que básicamente es la nómina. El resto de los recursos se destinó a “materiales y suministros” y “servicios generales”.
Así que básicamente, la mayoría de los recursos son para mantener a las personas que laboran ahí; se podría esperar entonces que por lo menos las personas que están al frente, tanto la presidenta honoraria, así como la directora, cumplan bien con su trabajo. Pero ni eso, pues en el Informe de Gestión 2022, que publica el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), se informa de una medida de apremio para el DIF Joquicingo por no entregar en tiempo y forma sus obligaciones en materia de información y rendición de cuentas a través de su informe trimestral.
Citando el referido documento, el OSFEM da cuenta que: “En el entendido de que una obligación periódica es el deber de cumplimiento de los sujetos fiscalizables de presentar la información relativa al manejo de recursos públicos, susceptible de revisión y fiscalización, conforme a las disposiciones normativas aplicables, su incumplimiento genera una medida de apremio, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente”.
Este incumplimiento y medida de apremio que una entidad gubernamental le hace al DIF se suma a la medida de apremio que apenas en octubre pasado se publicó en este Semanario, cuando el Infoem hiciera igualmente el apremio por no entregar información concerniente a los funcionarios del DIF municipal, en cuanto a su certificación y remuneraciones.
Estas faltas a la transparencia y la información, que tanto OSFEM como Infoem han hecho notar, son apenas en el primer año de “trabajo” del DIF, y si es verdad que, como popularmente se dice, “lo que mal empieza, mal acaba”, entonces habrá que ver con qué nuevas faltas sorprende el DIF, si no empieza a ser más transparente, y, sobre todo, más eficiente, pues es lo que necesita la gente, no que estén en sus puestos nada más para cobrar.
Osvaldo García