Es bien conocido el larguísimo tema de los conflictos territoriales existentes en Otzolotepec con municipios vecinos por el lugar conocido como El Espino; problemática en la que la administración de Erika Sevilla ha invertido varios millones y hasta la fecha no ha habido solución alguna.
Recordará usted que, desde el primer trienio en el que Sevilla Alvarado ocupó la silla de la presidencia municipal, se realizó la contratación de Paredes Nieto Corporativo de Servicios S.C., empresa que, se supone, acabaría con la situación en beneficio de Otzolotepec, cosa que no sucedió, dejando entre ver que fue un total desperdicio de dinero; sin embargo, es importante recalcar que, por lo menos esa empresa sí era un despacho jurídico dedicado a ese ramo.
El problema se asevera no solo al no haber resultados, sino a que el dispendio de recursos no terminó ahí, ya que en 2022 se firmó un nuevo contrato, esta vez con la empresa denominada Esotheknus Media S.A.P.I. De C.V., bajo el concepto de “la contratación de servicios profesionales y asesoría jurídica legal y gestión ante el Congreso del Estado de México (…) para dar seguimiento al diferendo limítrofe de Otzolotepec”.
Sin embargo, resulta que, de acuerdo con los sitios digitales de dicha empresa, su desempeño laboral, aparentemente no tiene nada que ver con el ámbito legal, sino con el de la industria musical pues en su página oficial se puede leer: “We have specialized in the design of projects for the recording industry, radio and culture”, que en español quiere decir que se especializan en el diseño de proyectos para la industria de la grabación, radio y cultura, al parecer dirigidos hacia la música electrónica.
El contrato con folio OTZ./D.ADMON./303/2022 exhibido por el propio Ayuntamiento en la página de transparencia IPOMex, presenta a Julio César Martínez Hernández como representante de “Esotheknus” quien también funge como CEO es decir, director general de la empresa y que de acuerdo con su curriculum público, se ha dedicado durante varios años a la producción musical, a las artes, a la radio, a la cultura, como asesor en el Instituto Nacional de Bellas Artes y hasta como asistente en el Festival Internacional Cervantino, pero en ningún lado se vislumbra experiencia alguna en asuntos jurídicos relacionados con problemas limítrofes de los municipios, asesoría jurídica, experiencia en administración pública o algo que pudiera justificar la celebración del contrato ya mencionado.
Cabe destacar que, además, la empresa en cuestión se ostenta como Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.) de Capital Variable, la cual es una figura jurídica que promueve el crecimiento de las empresas mediante la inyección de capital privado y de riesgo.
Es decir, no hay explicación para que una empresa dirigida al ámbito musical, de corte mercantil con un giro que no concuerda con pleitos jurídicos y con un director general enfocado en el arte y la cultura, esté en tratos con el ayuntamiento por un asunto de disputas limítrofes entre municipios, todo ello por la cantidad de 1 millón 171 mil 600 pesos.
Imagínese usted, amigo lector, la ostentosa cantidad que cobra esta empresa más lo gastado en el anterior abogado que al parecer no logró nada; es un derroche de recursos que no han tenido resultado alguno y que representa un desperdicio de dinero que bien podría servir para atender necesidades prioritarias de los otzolotepenses.
Quizá estos “productores musicales” cuenten con algunas “palancas” para gestionar ante el Congreso del Estado de México y así resolver el problema de “El Espino” porque de otra manera, podría tratarse de derroche de dinero tirado a la basura.
Osvaldo García
