Como es bien sabido, los gobiernos municipales son los encargados de administrar los rastros, que son los centros donde se sacrifica al ganado para su comercialización y consumo. Por ello, es de vital importancia que existan las condiciones adecuadas para garantizar la salubridad de la carne y otros productos animales, por lo que debería ser una prioridad para un gobierno municipal atender y mantener en buenas condiciones estos espacios.
Sin embargo, el gobierno que encabeza Oscar Hernández Meza, no se ha distinguido por la eficacia y la transparencia, y el caso del rastro municipal no es la excepción, pues se nota el presunto abandono en el que se encuentra este lugar, no sólo por sus instalaciones, sino también porque no funciona con las certificaciones necesarias que garanticen la salubridad de los productos.
Lo peor es que Hernández Meza, quien cumple su segundo trienio consecutivo en el municipio, simplemente se ha olvidado de este tema. Ya en el plan de desarrollo municipal de la administración 2016-2018, o sea, la anterior a que entrara Óscar Hernández, se menciona que el rastro “apenas cuenta con los mínimos requerimientos para el sacrificio de reses y cerdos, no cuenta con los materiales ni herramientas necesarias para el proceso de desmembramiento y congelación, tampoco con cajones de inmovilización, aturdimiento ni pistolas de perno que hagan menos tortuosa la matanza”. Ese mismo documento plantea como un objetivo “obtener la Certificación TIF para el rastro municipal, para otorgar una mayor certeza en torno al consumo de carne”, certificación que hasta la fecha no se ha cumplido.
8 años después de plantear este “objetivo”, el Plan de desarrollo municipal de la administración 2022-2024, dice que “el inmueble requiere rehabilitación, pues se observan algunas áreas deterioradas” y que “no cuenta con certificación vigente, ni con servicio de recolección de desechos”. Y como se ve, en dos administraciones, el señor presidente al parecer no ha tenido ni la intención de certificar el rastro, o por lo menos, arreglar las condiciones en que se encuentra.
Para confirmar esta información, se solicitó a través de transparencia las certificaciones con que cuenta el rastro y la respuesta fue que “el Rastro Municipal no cuenta con una certificación en razón a su funcionamiento, por lo que con lo preceptuado en el Artículo 125 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Rastro estará a cargo del municipio”.
En otras palabras, están respondiendo que no necesitan certificaciones porque la Ley Orgánica les da el control del rastro. De ese tamaño es la aparente ignorancia de estos funcionarios, específicamente de Américka Jhovanna Hernández, quien es la firmante del documento solicitado por transparencia y quien funge como directora de Desarrollo Económico.
Ahora resulta que el Ayuntamiento de Calimaya está por encima de las Normas Oficiales Mexicanas que se tienen que cumplir, como la NOM-194-SSA1-2004 (Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio) o la NOM-008-ZOO-1994 (Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales), entre otras más que se deben cumplir para llevar a cabo su labor y en consecuencia, tener su correspondiente certificación de que el rastro las cumple.
Sería de gran ayuda si alguien le explicara a la señora Jhovanna y también a Óscar, que si bien la Ley Orgánica dice que el gobierno municipal tendrá “a su cargo la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales”, incluyendo el rastro, esto no quiere decir que se va a regir por sus propias reglas y que esté exento de cumplir las normas federales.
Osvaldo García