Como es bien sabido, un municipio se conforma, entre otras cosas, por los bienes del dominio público, o sea, bienes de uso común y bienes destinados a brindar un servicio público, como lo indica el Artículo 53 del Bando Municipal y el Artículo 97 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Por lo cual, es responsabilidad del gobierno municipal otorgar certeza en este aspecto a los habitantes, además de seguridad y servicios públicos en ellos.
Eso, claro, tratándose de un gobierno funcional y que cumpla cabalmente con sus obligaciones, lo cual, parece no ser el caso de Calimaya ni de Óscar Hernández Meza como presidente.
Esto porque el pasado domingo 13 de septiembre, vecinos de San Andrés Ocotlán se opusieron a la privatización de una calle por parte presuntamente de personal de la empresa constructora Ruba, la cual puso una reja a la calle para hacer una división entre los bienes públicos y los pertenecientes al fraccionamiento Hacienda Las Fuentes
Por lo cual, vecinos de la comunidad, encabezados por el delegado, exigieron que fuera retirada la reja, pues se trataba de vía pública. Sumado a este reclamo, se exigió que se arreglara una fuga en el drenaje que presuntamente sale de los fraccionamientos Hacienda Las Fuentes y Virreyes, al tiempo que mostraron cómo las aguas negras se estancan en las calles, sin que nadie del fraccionamiento, y menos del municipio, arregle este fétido problema, el cual es un punto de infección que afecta a los vecinos.
En estas situaciones, lo ideal es que el gobierno municipal hubiera intervenido, aunque sea como mediador del conflicto de la reja, y por supuesto, para arreglar la fuga de agua del drenaje. Pero claro, como se trata del gobierno de Oscar Hernández, pues brilló por su ausencia cualquier tipo de autoridad competente para apoyar a la población.
Al parecer, esta administración se rige por un tácito “cada quien haga lo que quiera” y también el “háganle como puedan”, pues, en primer lugar, el fraccionamiento no puede privatizar una calle, y aunque el ayuntamiento se lo autorice, debe tener la aprobación de la mayoría de los habitantes y de sus representantes, como son los delegados, ya que debe primar el interés de la mayoría.
Ahora bien, como se vio hace una semana cuando la lluvia arrastró la mercancía de los tianguistas, las ausencias del gobierno son más que las cosas que hace en favor de la población. Pero eso sí, la nueva modalidad de cobro del ayuntamiento ya está en marcha, se llama el “Cajero móvil” para que nadie se quede sin pagar el agua… ya de las fugas se ocupará alguien más.
Osvaldo García
