Después de que el pasado 2 de octubre, el Poder Judicial emitiera una orden de aprehensión en contra de Diego Eric “N” “N” por el presunto delito de violación, este “Niño maravilla” desapareció del ojo público, por lo menos ante la ciudadanía, sin embargo, se dice que dentro del Ayuntamiento los cabildos continuaban, así como si nada, eso sí, mientras Diego Eric ya andaba aparentemente prófugo y sin asistir a las sesiones.
Probablemente en esos días, el “Mirrey tianguistencano” ya pensaba emprender la huida por lo que quizá más de un funcionario estaba enterado de la situación, lo que puede poner a cualquiera del lado oscuro de la moneda y le vamos a explicar por qué.
Existe un principio del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla y en Tianguistenco, al parecer solo hay de dos sopas; en primer lugar una profunda y preocupante ignorancia o una severa idea de conveniencia y es que, si desde el 2 de octubre el alcalde ya se encontraba fuera del reflector, el hecho de que presuntamente se simulara que las sesiones de cabildo seguían como si nada, podría desencadenar en una responsabilidad por el aparente delito de encubrimiento.
Así es amigo lector; si tanto la esposa del presidente municipal, Manuela Pérez León como los regidores, síndico, secretario del Ayuntamiento o el resto de la actual administración, siguieron manteniendo contacto con Diego Eric “N”, o sabían dónde se encontraba y se quedaron callados, estarían cayendo en el delito antes mencionado.
Tal delito está señalado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios como una falta administrativa grave, que en su Artículo 65 dice: “Incurrirá en encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”.
Así mismo, el Código Penal del Estado de México, en su Artículo 149 dice: “Comete el delito de encubrimiento, el que: I. Sin haber participado en el hecho delictuoso, albergue, oculte o proporcione la fuga al inculpado de un delito con el propósito de que se substraiga a la acción de la justicia”.
Quizá los servidores públicos antes mencionados, piensen que guardar silencio es la mejor opción para no verse involucrados; o tal vez, siendo un poco más atrevidos, el hecho de no decir nada es la mejor opción para seguir cobrando sus quincenas de forma constante y sonante.
Y es que las penas por el delito de encubrimiento van de uno a tres años de prisión y de 30 a 150 días de multa. Pero al tratarse de un servidor público, podrían ser de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días de multa, según lo contenido en el Artículo 274 del Código citado: “Cuando el delito de violación sea cometido por quien desempeña un empleo, cargo o comisión públicos”.
Además, con las investigaciones y el conocimiento que ya tiene la gobernadora Delfina Gómez del caso, pronto debe salir a la luz si se cometió otra falta grave contemplada por la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual es la obstrucción de la justicia (Art. 67), la cual dice:
“Incurrirán en obstrucción de la justicia, los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas cuando: II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de tener conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción”.
Varios funcionarios municipales podrían salir involucrados con la denuncia en contra de Diego “N”, pues, como fue expuesto por el abogado de la víctima, los hechos datan del 28 de agosto de 2023 y la misma Fiscalía confirmó que la denuncia está desde finales del mes de agosto, por lo que, si se comprueba que había conocimiento de éstos, aún antes de ser girada la orden de aprensión, habría consecuencias dentro del Palacio Municipal, y no sólo para el acusado.
Así que, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, organismo que emitió la orden contra Diego “N”, podría no solo estar llevando a cabo las indagatorias correspondientes por este delito, sino también bajo qué términos “el niño maravilla” se ausentó del cabildo y quiénes de ahí podrían saber su paradero, porque, curiosamente no fue hasta hace algunos días que se hizo público un comunicado en el que mediante la 77 sesión de cabildo, Diego Eric “N”, notificó al cabildo de que se ausentará a partir del 13 de noviembre por “asuntos personales”, así es, amigo lector, ¡Más de un mes después! Mientras que nadie dijo nada desde el 2 de octubre, por lo que no sería de extrañarse que síndica, regidores, la titular del jurídico, contraloría y demás funcionarios, ya estén en la mira de la justicia, al igual que el alcalde y ojalá tengan en cuenta que ni todo el dinero que han ganado y ganan dentro del gobierno municipal, les va a alcanzar para salir de un problema de tal magnitud como lo es el probable encubrimiento.
Ariz Vega