Todos los gobiernos municipales, para realizar sus presupuestos de egresos e ingresos y llevar el control de sus gastos, deben apegarse al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual es órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, que tiene por objeto “la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos”.
En otras palabras, los gobiernos municipales no pueden simplemente gastar como quieran, sino que tiene que ajustarse a estos lineamientos y llevar su contabilidad bajo ciertos parámetros.
Es así como el CONAC contempla un rubro dentro de su sistema denominado “Ayudas Sociales”, el cual se define como las “asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales”. Las cuales contemplan becas, programas de capacitación, ayudas económicas a escuelas, cooperativas, asociaciones y a personas que lo necesitan, así como en caso de desastres naturales y siniestros. De ahí el carácter “social” de estas ayudas, porque no hay otro interés que el de brindar apoyo a quien lo necesita.
Sin embargo, bajo el mandato de Rausel Cervantes, varias cosas se han salido de la lógica y de lo que marca la ley en Joquicingo, y el caso de las ayudas sociales es una de ellas, pues en los montos pagados por ayudas y subsidios del tercer trimestre de 2023, el gobierno municipal pagó a Víctor España Montalbán la cantidad de 15 mil 80 pesos, gasto marcado como “cooperaciones y ayudas” del sector social.
Resulta que el señor España Montalbán ha sido representante legal de la empresa constructora “Vicam Arquitectos y Asociados S.A. de C.V.”, con domicilio fiscal en Tenango del Valle, empresa que ha trabajado en varias obras para otros municipios, por lo que surge la pregunta de ¿por qué el Ayuntamiento le da una ayuda social a este señor?
Todavía se desconoce si “Vicam” o el señor Montalbán han tenido contratos con el gobierno de Joquicingo, pues de ser así, se incurriría en conflictos de interés y corrupción, pues se presta a suponer que hay acuerdos extraoficiales para asignación de obras a través de este pago puesto como “ayuda social”.
Ya se veía venir algo así, pues en toda la administración del “mayestro” sólo ha habido adjudicaciones directas e invitaciones restringidas para asignación de obras, así que no sería extraño que haya muchos acuerdos “por debajo del agua”.
Y algunos dirán que 15 mil 50 pesos no es mucho dinero, pero se supone que esas ayudas sociales deben ir a quien lo necesita, y puede ser mucho dinero para alguna persona de la tercera edad, un discapacitado, algún joven deportista o estudiante destacado que desea irse a competir o capacitarse… en fin, 15 mil pesos pueden ser la diferencia para una familia, no para un señor que ha trabajado como representante legal de una constructora, las cuales suelen manejar millones de pesos. Sin duda, Rausel se merece más que un aplauso por preferir “apoyar” a contratistas antes que a la gente de su municipio.
Osvaldo García
