Uno de los roles principales de un área de derechos humanos en un municipio es la protección de los derechos de los ciudadanos. Este departamento actúa como un vigilante que asegura que las decisiones y acciones del gobierno local no atropellen los derechos de sus habitantes. Esto es particularmente relevante en contextos donde la población vulnerable, ya sea mujeres, niños, personas con discapacidad, comunidades indígenas, entre otros, corre mayor riesgo de ser discriminado o ignorado. A través de esta área, los ciudadanos tienen un canal para denunciar violaciones de sus derechos y recibir el apoyo necesario para acceder a la justica. Este departamento puede ofrecer asesoría legal, acompañamiento en procesos judiciales y trabajar en coordinación con otros organismos de derechos humanos para asegurar que se hagan las reparaciones necesarias cuando se cometan abusos.
Sin en cambio la difusión que le han dado a este departamento es casi nula, pues en este año la administración que dirige Xóchitl Ramírez destinó 69 mil 261 pesos, mientras que el año pasado se destinaron más de 157 mil pesos.
A pesar de la existencia de esta área dentro del organigrama municipal, la comunidad desconoce en gran medida las funciones de esta oficina y las iniciativas para promover el respeto a los derechos fundamentales son escasas y, en muchos casos, inexistentes. La falta de visibilidad de esta área no solo limita el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos, sino que también refleja una falta de compromiso por parte de las autoridades locales en la promoción de una cultura de respeto y dignidad.
En un momento en que los derechos humanos son más relevantes que nunca, es inaceptable que sigan siendo ignorados a nivel local. Es hora de que las autoridades tomen conciencia de la importancia de este tema y actúen en consecuencia para que los derechos humanos dejen de ser una cuestión invisible en el municipio.
Uriel Rosales
