En los últimos días, se ha incrementado la denuncia ciudadana sobre un patrón preocupante en el municipio de Tianguistenco: los policías municipales están realizando infracciones a conductores en zonas donde no existen señalamientos de tránsito claros o visibles. Esta situación ha levantado sospechas de abuso de autoridad y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la integridad de las fuerzas de seguridad locales. Ante la falta de señalización adecuada y con multas impuestas aparentemente de manera arbitraria, muchos ciudadanos consideran que esta acción es una nueva táctica de recaudación para las arcas municipales y una manera de acosar a la población.
La ciudadanía ha manifestado en redes sociales la creciente cantidad de infracciones que parecen carecer de justificación. Las multas recaen por estacionarse en una zona donde, a simple vista, no hay ningún letrero que indique prohibición alguna. Este tipo de infracciones se ha vuelto común en diversas zonas del municipio, dejando a los conductores en una situación de vulnerabilidad, pues se les sanciona en lugares donde las reglas no están claramente estipuladas.
Estas multas varían desde estacionarse en supuestas zonas de “no estacionarse” hasta el uso de carriles que no están señalizados de ninguna manera. Esta falta de claridad parece estar siendo aprovechada por algunos agentes municipales para imponer infracciones sin una base legal sólida, lo que se traduce en un abuso de su autoridad y en una fuente de ingresos adicionales para el gobierno municipal.
Hasta el momento, el gobierno municipal ha guardado silencio ante las acusaciones. La administración actual se ha enfocado en promover una imagen de modernización y transparencia, pero este tipo de prácticas va en contra de tales valores. ¿Por qué se permite que agentes de la autoridad actúen de esta manera? ¿Es esta una estrategia velada para recaudar fondos, sin importar el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos?
Para los ciudadanos, este tipo de actos representa un abuso de autoridad que raya en el hostigamiento. Con multas en donde los conductores afectados sienten que están siendo perseguidos y extorsionados en su propio municipio.
Este modus operandi no solo revela una falta de ética, sino también una estrategia que parece diseñada para llenar las arcas municipales a costa de la población.
La falta de capacitación o la omisión deliberada de instalar señalización adecuada es una responsabilidad directa del gobierno municipal. Si este tipo de prácticas no son corregidas de inmediato, podrían tener un efecto negativo en la imagen del municipio, además de alimentar la desconfianza hacia la administración local.
Es indispensable que el gobierno municipal actúe con transparencia y responsabilidad para restaurar la confianza de los ciudadanos.
A todo esto habrá que agregar que las infracciones se basan en el Bando Municipal 2023, cuando estamos a finales del año 2024, por lo que no estaría de más una checadita a que ciertos servidores públicos le echen una leída y se actualicen.
Los ciudadanos esperan un sistema de tránsito justo y unas autoridades que velen verdaderamente por el orden, no por la presunta intimidación y el aparente acoso.
Uriel Rosales
