Protección a niños y adolescentes: ¿una promesa incumplida por el DIF Texcalyacac?
En el marco del último informe de gobierno de la presidenta municipal de Texcalyacac, se destacó la supuesta protección brindada a niños, niñas y adolescentes durante su administración. sin embargo, un análisis más profundo de las acciones realizadas pone en duda la efectividad de estas medidas y la transparencia en el uso del presupuesto asignado.
La mandataria aseguró que su gobierno “priorizó el bienestar de la infancia y adolescencia”, pero los datos son poco alentadores. Según el informe, el DIF municipal destinó 2 millones 185 mil 403 pesos al programa de Protección Social. No obstante, la única acción concreta mencionada fue visitas domiciliarias, un esfuerzo que, aunque necesario, resulta insuficiente frente a la magnitud de los problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en la región.
De los más de 2 millones asignados, no se explicó con claridad cómo se desglosaron los gastos. Las visitas domiciliarias son una herramienta importante para identificar riesgos en los hogares, pero no constituyen una estrategia integral de protección. El presupuesto parece desproporcionado en relación con los resultados obtenidos. ¿Cómo es posible justificar una inversión tan considerable en actividades que, según las cifras, no lograron un impacto significativo?
Las visitas domiciliarias, si bien son un primer paso, deben de ir acompañadas de políticas públicas efectivas y seguimiento continuo. Sin embargo, el DIF municipal no presentó estadísticas claras, profundas y, en específico, el número de menores beneficiados, los hogares visitados ni los casos atendidos. Este vacío de información genera sospechas sobre la verdadera dimensión del trabajo realizado.
El papel del DIF municipal ha quedado en entredicho, podría verse que actúa más como un aparato burocrático que como un organismo comprometido con la protección de los sectores más vulnerables.
Es lamentable que, en un municipio con tantos problemas sociales, el presupuesto para proteger a los menores no se haya utilizado de manera efectiva. No se puede considerar como un logro visitar algunas casas cuando hay niñas y niños sufriendo abandono sin que nadie intervenga.
Con el cierre de esta administración, queda un sabor amargo en la comunidad. La protección de la infancia y la adolescencia no puede limitarse a gestos simbólicos o informes llenos de promesas. Es urgente que la próxima administración tome cartas en el asunto y garantice la correcta aplicación del presupuesto destinado a los más vulnerables.
Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas: ¿Dónde están los 2 millones destinados a esta causa? ¿Qué pasó con los programas que realmente podrían haber marcado una diferencia en la vida de niñas, niños y adolescentes? El silencio de las autoridades sólo alimenta la indignación de una comunidad que clama por transparencia y justicia.
Uriel Rosales