Caso David Gutierez Alvarez
Una compleja red de corrupción y colusión institucional opera al interior del Ayuntamiento de Lerma, Estado de México, facilitando el otorgamiento ilegal de licencias de construcción en zonas de alta protección ecológica. La denuncia llegó de forma anónima a esta redacción, acompañada de documentación oficial, capturas de mensajes y números de carpeta que exponen un patrón de impunidad y abuso de autoridad, encabezado por funcionarios del área de Desarrollo Urbano.
Otorgan licencia en área natural protegida
El epicentro del caso gira en torno a la licencia de construcción 027/2023, autorizada de forma irregular dentro del Área Natural Protegida “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo”, en el exclusivo fraccionamiento Club de Golf Los Encinos. La licencia permitió una densidad superior a la normada, sin estudios de impacto ambiental, dictámenes técnicos ni validaciones urbanas exigidas por ley.
Este hecho configura una violación directa al artículo 189 del Código Penal del Estado de México, que sanciona la alteración del uso del suelo sin sustento jurídico y técnico.
Funcionarios involucrados y colusión institucional
El documento fue firmado por David Gutiérrez Álvarez, quien cesó como director de Desarrollo Urbano el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente, José Dolores Ramírez Montes de Oca, su sucesor, omitió cualquier revisión, a pesar de que la documentación indica que se debía realizar una visita de verificación, misma que nunca se llevó a cabo.
La actual directora, Jessica Palafox Gutiérrez, ha sido señalada por encubrimiento, al emitir oficios que omiten deliberadamente las irregularidades de sus antecesores. La Fiscalía de Combate a la Corrupción le abrió una carpeta de investigación diversa por abuso de autoridad, y fue apercibida por la Fiscalía de Fraccionadores para que se abstenga de continuar facilitando actos ilegales.
Encubrimiento desde el más alto nivel
Las acusaciones también alcanzan al actual presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien presuntamente ha ofrecido defensa legal privada pagada con recursos públicos al imputado David Gutiérrez, mediante el despacho jurídico del abogado José Luis Altamirano Barrueta. Esta acción, de comprobarse, configuraría un claro acto de colusión y desvío de recursos públicos.
Diego Sánchez
Corrupción Urbanística en Lerma
