Estatales

Detonan proceso legal contra la alcaldesa de Capulhuac

La presidenta municipal con licencia, Selene “N.”, fue vinculada a proceso este miércoles por el presunto delito de abuso de autoridad, tras ser acusada de agredir física y verbalmente a una trabajadora del DIF durante una reunión el 2 de mayo. El juez del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, determinó que existen pruebas válidas, ratificó la prisión preventiva justificada, y otorgó un plazo de dos meses, hasta el 26 de agosto, para finalizar la investigación complementaria.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó declaraciones de la víctima y testimonios de funcionarios presentes, mientras la defensa argumentó que existen razones personales detrás del caso. Sin embargo, el juez consideró probatorios los datos y confirmó la prisión preventiva.
Paralelamente al proceso legal, la sustituta designada por ministerio de ley, Sarita Arellano, señaló que las redes sociales oficiales del Ayuntamiento fueron “secuestradas”, y que estas se mantuvieron activas bajo gestión de la propia Selene “N.” desde la Casa de Cultura en San Miguel Almoloya, aún estando suspendida.
Arellano agregó que la administración le fue entregada con graves deficiencias operativas y carencias en transparencia, factores que dificultan la continuidad de los servicios públicos y la reconstrucción administrativa del municipio.
Con la alcaldesa en prisión preventiva y la imposición de la alcaldesa sustituta en medio del caos administrativo, Capulhuac se encuentra en un vacío de poder, agravado por la disputa sobre quién maneja actualmente los canales de comunicación oficial.
A esto se suma el reclamo ciudadano y político, exhortando al Congreso del Estado de México y la FGJEM a esclarecer no solo la agresión, sino también si procede una investigación por la supuesta apropiación y manipulación de las redes institucionales.
La FGJEM y el Congreso estatal evalúan la situación administrativa y legal, incluida la posible integración de la controversia sobre las redes sociales al expediente penal.
La ciudadanía y medios locales demandan rendición de cuentas y transparencia, ante un escenario de polarización política y desconfianza hacia la administración municipal.
La evolución de este caso determinará no solo el porvenir judicial de la exalcaldesa, sino también la credibilidad y gobernabilidad del municipio. La disputa por el control de los canales oficiales y la exigencia de transparencia serán claves para entender el rumbo de Capulhuac en las próximas semanas.
Uriel Rosales

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