El exdirector de Desarrollo Urbano de Lerma evade la justicia mientras el alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce lo protege con recursos públicos. La Fiscalía de Edomex investiga presuntos delitos graves relacionados con despojos, licencias ilegales y daño ambiental.
La maquinaria institucional que debería procurar justicia parece estar al servicio del encubrimiento. El caso de David Gutiérrez Álvarez, exdirector de Desarrollo Urbano en Lerma, involucra no solo corrupción administrativa, sino también una red de complicidades que alcanzan el despacho del presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien hoy enfrenta señalamientos por proteger al funcionario investigado.
Supuestamente Gutiérrez Álvarez habría otorgado licencias urbanísticas ilegales, entre ellas la 027/2023, que permitió la construcción en una zona ambientalmente protegida del fraccionamiento “Los Encinos”. Esta autorización vulnera el uso de suelo, densidad poblacional, impacto ambiental y normativa estatal, y podría ser constitutiva de delito conforme al Artículo 189 del Código Penal del Estado de México.
Pero el verdadero escándalo radica en la forma en que ha sido protegido.
¿Defensa privada pagada con recursos públicos?
En lugar de colaborar con las autoridades, el Ayuntamiento de Lerma optó por financiar una defensa legal privada para Gutiérrez Álvarez, a través del despacho José Luis Altamirano Barrueta y Asociados. Esta firma, señalada en varios contratos municipales, ha sido utilizada para dar seguimiento a juicios donde se le acusa al exfuncionario de irregularidades graves, todo con cargo al erario.
Mientras tanto, Gutiérrez sigue cobrando un salario municipal: fue reubicado como asesor técnico dentro del mismo gobierno que lo investiga, una jugada que ha levantado críticas en redes sociales y en la opinión pública.
Audiencias aplazadas, evasión silenciosa
La audiencia de imputación originalmente fijada para el 17 de junio de 2025 fue suspendida por la inasistencia del acusado. Un segundo intento, el 27 de junio, tuvo el mismo resultado. La justicia fue, otra vez, burlada. El juez decidió reprogramarla una vez más para una fecha no revelada de julio, mientras la defensa presenta justificaciones poco convincentes.
Todo esto ocurre en el marco de la Operación Restitución, emprendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para recuperar bienes despojados mediante licencias falsas, escrituras manipuladas y presiones ilegales. De 457 inmuebles asegurados, apenas 86 han sido restituidos, según datos oficiales.
Gutiérrez Álvarez es considerado pieza clave de esta red de despojos que operó durante al menos tres años en Lerma, con complicidad supuestamente de otros funcionarios, notarios públicos.
¿Justicia o simulación?
Los hechos documentados revelan un patrón: el poder municipal protege a sus propios actores, aun cuando estén bajo investigación penal. La asignación de una defensa privada, la reubicación del acusado dentro del mismo gobierno y el retraso intencional de las audiencias, forman parte de una estrategia de impunidad en la que la justicia queda subordinada a los intereses políticos.
Mientras la Fiscalía del Estado de México prepara nuevas diligencias, Lerma enfrenta una crisis institucional que trasciende el caso Gutiérrez. La sociedad civil exige transparencia, justicia y rendición de cuentas. Sin embargo, hasta ahora, el silencio del presidente municipal Ramírez Ponce y su aparente colaboración con los acusados siembra dudas sobre la verdadera voluntad de combatir la corrupción.
¿Y el medio ambiente?
La licencia otorgada para el Club de Golf “Los Encinos” representa más que una falta administrativa: es un ataque directo a un ecosistema protegido por normativas ambientales estatales. La destrucción de zonas arboladas, la fragmentación del hábitat y la alteración de flujos hídricos podrían tener consecuencias irreversibles para el equilibrio ecológico del Valle de Toluca.
Organizaciones ambientalistas han exigido la anulación de la licencia y la reparación del daño ecológico. Pero, de momento, la obra continúa.
El caso de David Gutiérrez Álvarez no es aislado. Representa el síntoma más visible de una estructura de corrupción sistémica en Lerma, donde funcionarios se protegen entre sí, manipulan los procesos y utilizan los recursos públicos para blindarse del alcance de la ley.
La pregunta no es solo cuándo será imputado formalmente, sino si el sistema judicial mexiquense será capaz de actuar con independencia y firmeza, incluso cuando los intereses políticos estén en juego.
Diego Sánchez