El escándalo por la autolesión accidental del chofer del presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo “Chiquillo” Solís, lejos de disiparse con la versión oficial, ha puesto bajo la lupa no solo a su administración, sino a su partido: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Lo que en un inicio fue presentado como un atentado armado resultó ser una manipulación mediática y una violación flagrante de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin que hasta la fecha se haya sancionado a los responsables.
El chofer portaba un arma oficial de la Policía Municipal sin licencia, lo cual constituye un delito federal. A pesar de ello, no se han presentado cargos formales, ni contra el conductor ni contra el mando policial que permitió esta irregularidad. Este tipo de encubrimientos, sin embargo, no son nuevos en el Partido Verde, y parecen responder a una lógica ya arraigada en su dirigencia
El antecedente del “Niño Verde”: impunidad como herencia
Para entender el contexto político que cobija a figuras como Adolfo “Chiquillo” Solís, es imposible ignorar la figura de Emilio González Martínez, el eterno dirigente del PVEM, mejor conocido como el “Niño Verde”. En 2011, Emilio González fue señalado en un escándalo internacional luego de que una joven búlgara de 25 años, perdiera la vida tras caer desde el piso 19 de un departamento en Cancún, donde él se encontraba presente. Aunque se manejó como “suicidio”, las inconsistencias en la investigación, la falta de transparencia y la inacción judicial dejaron claro que la influencia política estaba por encima de la justicia.
Ese caso quedó enterrado sin consecuencias, y el “Niño Verde” no solo conservó su libertad, sino también el control absoluto del partido, que desde entonces ha servido como una franquicia electoral familiar más que como una fuerza política con ideales claros. En ese modelo de operación política —sin rendición de cuentas, sin principios, y con complicidades institucionales—, ha crecido y se ha formado el actual presidente municipal de Almoloya.
Del “Niño Verde” al “Chiquillo Verde”
Hoy, Adolfo Solís Gómez sigue ese mismo camino. Con el escándalo de la arma oficial en manos de su chofer sin licencia, engañó a la población con una falsa narrativa de atentado y hasta ahora no ha habido sanción alguna contra él ni contra sus funcionarios.
Mientras el pueblo exige respuestas y castigo, en el Ayuntamiento de Almoloya todo parece continuar como si nada. La misma impunidad que protegió al “Niño Verde” hace más de una década, hoy cobija al “Chiquillo Verde”.
¿Y la ley?
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es clara: portar un arma sin licencia representa de 2 a 7 años de prisión, y si el arma es de uso exclusivo del Estado, la pena puede alcanzar hasta 15 años. El Código Penal Federal también contempla responsabilidades para quienes permiten u ocultan estos delitos. Sin embargo, el aparato político del Partido Verde parece estar blindado contra las consecuencias legales.
¿Hasta cuándo?
La ciudadanía de Almoloya de Juárez no solo enfrenta una administración incompetente y autoritaria, sino la reproducción local de una cultura de poder corrompido. Un gobierno que miente, que oculta, y que permite prácticas ilegales mientras se aferra al cargo con total cinismo.
Lo ocurrido con el chofer armado no es un incidente aislado, sino una muestra del funcionamiento podrido de una administración que ya opera con total impunidad desde dentro. Y si no se pone un alto desde ahora, el “Chiquillo Verde” terminará heredando todo lo peor de su mentor político
Luis Garduño.