Opacidad, conflictos y acusaciones en Ocoyoacac

Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México  La comunidad de Santa María Tepexoyuca se encuentra sumida en la incertidumbre y la inconformidad, luego de que trascendiera públicamente la celebración de una asamblea comunal presuntamente a puerta cerrada, señalada por usuarios en redes sociales como una maniobra para legalizar decisiones tomadas sin consulta pública, con posibles intereses políticos y económicos de por medio.

Una publicación anónima realizada el 11 de julio a través de Facebook detonó el descontento colectivo al cuestionar por qué los comuneros, quienes «no ocupan nada del pueblo», celebran reuniones sin acceso público, y sin previo aviso a la comunidad. El mensaje expresa preocupaciones por la presunta legalización de estas asambleas mediante la intervención del Registro Agrario Nacional (RAN), y sugiere que existen intereses ocultos, mencionando incluso a una figura identificada como Nancy Valdez, de quien se sospecha que ya habría llegado a acuerdos tras reuniones no anunciadas públicamente.

A lo anterior se suma un documento oficial rotulado como “Primera Convocatoria”, dirigido exclusivamente a los comuneros inscritos en el censo oficial, en donde se hace un llamado a sesión el 11 de julio de 2025, especificando que será en el “salón comunal”, y en el que se discutirán puntos como el reconocimiento de títulos agrarios, asuntos generales y acuerdos sobre la delegada municipal. Esta exclusividad ha levantado nuevas críticas en redes, ya que excluye a gran parte de la población, lo que ha sido interpretado como una acción deliberada para despojar al pueblo de su voz en decisiones que afectan a toda la comunidad.

Los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios señalaron que los representantes comunales “no tienen legitimidad con los papeles que extienden”, haciendo referencia a documentos invalidados por el RAN. Otros, señalan que la delegada actual no es originaria de Tepexoyuca y que sus vínculos con antiguos integrantes del comité serían parte de un esquema de control territorial y financiero, mencionando incluso el presunto desvío de recursos durante su gestión pasada sin rendición de cuentas.

Estas denuncias se suman al creciente malestar con la administración municipal de Ocoyoacac, la cual ha sido acusada de permitir cuando no facilitar este tipo de prácticas excluyentes, autoritarias y poco transparentes. La falta de comunicación oficial, la permisividad ante la opacidad en procesos comunitarios, y la omisión ante señalamientos públicos de corrupción, reflejan una administración desconectada de las necesidades reales de la población.

El caso de Tepexoyuca pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de revisar los mecanismos de participación ciudadana en las comunidades agrarias, especialmente cuando intereses políticos y económicos parecen superponerse a la voluntad de los habitantes. Mientras tanto, la población sigue exigiendo respuestas, transparencia y una rendición de cuentas que, hasta el momento, la administración municipal de Ocoyoacac no ha ofrecido.

¿Qué ocultan los comuneros? ¿Quién protege sus intereses? ¿Hasta cuándo la administración permitirá estas irregularidades?

La comunidad exige respuestas claras. La administración municipal de Ocoyoacac no puede seguir haciendo oídos sordos a un pueblo que, pese a ser excluido, está más vigilante que nunca.

Uriel Rosales