Acusan maniobra política tras detenciones en el rastro. La detención de varios empleados del rastro municipal de Capulhuac, entre ellos, la cuñada de la presidenta municipal selenne “N” quien fue detenida e encarcelada el 21 de junio, ha provocado una ola de denuncias por parte de ciudadanos que acusan un montaje político para desviar la atención del caso principal.
Vecinos y allegados al rastro señalan que las recientes acciones judiciales no responden a investigaciones legítimas, sino a un intento por fabricar culpables y desviar el foco del encarcelamiento de la alcaldesa. Según testimonios, figuras locales como Joaquín Catalán, Fernanda Zamora, Yanet “N” –encargada de Recursos Humanos– y el juez cívico interino Edgar Ocampo estarían detrás de esta estrategia.
Uno de los señalamientos más graves apunta directamente al juez Edgar Ocampo. Según fuentes cercanas, el juez del Registro Civil habría exigido al director del rastro, Isidro González Barón, un pago semanal de 40 mil pesos para permitirle continuar con sus funciones. Al negarse a entregar dicha cantidad, Ocampo, presuntamente en complicidad con otros actores, habría organizado una trampa para vincular al director con supuestos actos de robo.
De acuerdo con denunciantes, “Karen reyes”, las detenciones buscan limpiar la imagen de ciertos funcionarios involucrados en presuntas irregularidades anteriores, como el robo de carne y ganado. Zamora, apuntan, habría intentado recuperar el control del rastro para ocultar estos hechos.
Todo es una trampa política. La gente detenida no tiene nada que ver con los delitos que se inventaron. El dinero apareció, no hubo robo. Esto es para tapar cosas más grandes”, declaró Reyes.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un comunicado oficial. Sin embargo, la presión social va en aumento, y se exige una investigación transparente e imparcial que aclare tanto el caso de la presidenta como las detenciones en el rastro.
Organizaciones locales llaman a no permitir que intereses políticos manipulen la justicia ni que se criminalice a trabajadores inocentes. La ciudadanía exige justicia real, no simulada.
Andres Polo