Elementos de la Policía Municipal de Almoloya de Juárez fueron denunciados por ciudadanos del municipio de Calimaya y del fraccionamiento Valle de las Fuentes, luego de que circularan en sentido contrario por vialidades locales para evitar utilizar el retorno correspondiente. La maniobra, que representa una clara infracción al reglamento de tránsito, fue realizada de forma temeraria y a plena luz del día, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.
| Lo más grave del caso es que los uniformados se encontraban fuera de su jurisdicción, ya que Calimaya no forma parte del territorio que corresponde a la Policía Municipal de Almoloya de Juárez. Esta situación ha generado cuestionamientos entre la ciudadanía sobre qué hacían estas unidades operando en otro municipio sin justificación aparente, y si contaban con algún tipo de autorización oficial.
Vecinos que presenciaron el hecho señalaron que la actitud de los agentes fue soberbia y desafiante, y no ofrecieron explicación alguna por su presencia o por la maniobra de riesgo. “Ni siquiera son de aquí, y se sienten con derecho de hacer lo que quieran”, expresó un habitante de Valle de las Fuentes a través de redes sociales.
Este episodio se suma al reciente escándalo protagonizado por el chofer del presidente municipal de Almoloya de Juárez, quien fue sorprendido portando un arma sin licencia. Como lo documentamos en la pasada nota publicada el 18 de julio por esta casa editorial, el hecho fue encubierto por la propia administración, sin consecuencias legales ni administrativas.
Ambos casos evidencian una constante: la impunidad con la que se conducen algunos funcionarios y elementos de seguridad de Almoloya de Juárez. Ya sea incurriendo en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego o en maniobras de tránsito prohibidas en otro municipio, el patrón es el mismo: uso arbitrario del poder, nula rendición de cuentas y ausencia total de sanciones.
En lugar de asumir un rol ejemplar como guardianes del orden, estos policías parecen operar bajo una lógica de autoritarismo y privilegio, con respaldo tácito de un gobierno local que, según diversos señalamientos, ha optado por el encubrimiento como norma.
Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una serie de incidentes que han puesto en evidencia el deterioro del actuar institucional en Almoloya de Juárez, donde las reglas parecen aplicarse a conveniencia y donde el poder se ejerce sin contrapesos ni vigilancia real.
Mientras tanto, la ciudadanía de Calimaya, afectada por la imprudencia de una corporación que ni siquiera pertenece a su territorio, exige respuestas claras:
¿Qué hacían patrullas de Almoloya fuera de su municipio?
¿Por qué no se sanciona a los responsables?
¿Hasta cuándo se permitirá esta cadena de abusos sin consecuencias?
El gobierno de Almoloya de Juárez, encabezado por Adolfo “Chiquillo” Solís, vuelve a dar de qué hablar, no por sus resultados, sino por el comportamiento de sus funcionarios, que parecen estar por encima de la ley. Si no se pone un alto desde ahora, **la impunidad seguirá marcando el rumbo de una administración cada vez más cuestionada desde dentro y fuera de su territorio.
Luis Garduño.