La inconformidad ciudadana en la primera cerrada de Lirio, colonia Guadalupe, alcanzó un punto de hartazgo luego de que habitantes denunciaran públicamente a la regidora Ana Karen Flores Cruz, por presuntamente mantener un domicilio en condiciones deplorables, con vehículos y chatarra que bloquean constantemente la vía pública.
Este silencio no es casualidad. El presidente municipal, se encuentra bajo investigación, motivo por el cual evita confrontar a miembros de su propio cabildo, aún cuando sus acciones afectan directamente a la comunidad. Esta actitud de protección política refuerza la percepción de que la administración se encuentra más preocupada por cuidar su imagen y su red interna que por velar por el orden y la seguridad de los ciudadanos.
De acuerdo con los testimonios de vecinos, la casa de la regidora se ha convertido en un auténtico foco de desorden y negligencia. Los denunciantes señalan que no solo se obstruye la banqueta con basura, escombros y chatarra, sino que también se impide el paso de peatones, incluidos adultos mayores, niños y personas con discapacidad. En temporada de lluvias, la situación se agrava, pues la obstrucción de la banqueta obliga a caminar por la calle, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes.
Lo más alarmante es la actitud indiferente de la funcionaria. Según los propios vecinos, cuando se requiere el paso de vehículos de reparto o servicios de emergencia, se ven obligados a tocar durante largos periodos, sin obtener respuesta inmediata. Incluso, se menciona que pueden pasar horas esperando a que la regidora y su esposo decidan mover sus vehículos o su chatarra acumulada.
Esta conducta ha generado molestia porque, a decir de los denunciantes, mientras a la ciudadanía común se le exige cumplir con el reglamento de limpia, orden y respeto a la vía pública, a la regidora parece no aplicársele la misma medida. La inconformidad escaló al grado de evidenciar en grupos vecinales que, incluso, al externar la problemática en chats comunitarios, la respuesta de la regidora fue despectiva, invitando a quienes se sienten afectados a “poner su queja en el ayuntamiento si así lo desean”, burlándose de la molestia vecinal.
Este caso refleja una preocupante doble moral en la administración municipal de Lerma, donde se exige disciplina ciudadana en materia de imagen urbana y limpieza, mientras que integrantes del propio cuerpo edilicio parecen estar por encima del reglamento. ¿Cómo confiar en un gobierno que pregona orden cuando uno de sus propios funcionarios muestra total desprecio por el espacio público y el bienestar vecinal?
Los habitantes exigen una solución inmediata, el respeto al reglamento para todos los ciudadanos sin distinciones de cargo público y, sobre todo, respeto hacia quienes se ven directamente afectados por estas acciones. La pregunta queda en el aire: ¿actuará el gobierno municipal de Lerma con la misma severidad con la que sanciona a cualquier vecino común o prevalecerá el privilegio de unos cuantos? Uriel Rosales