Abusos, prepotencia y nulo criterio: la policía de tránsito de Lerma, reflejo del descontrol municipal

Mientras el municipio de Lerma navega entre baches, inundaciones y un rezago evidente en servicios públicos, los ciudadanos ahora también deben enfrentarse al autoritarismo y la prepotencia de elementos de tránsito municipal, quienes lejos de servir a la ciudadanía, se han convertido en instrumentos de intimidación, abuso y arbitrariedad.

Una reciente denuncia ciudadana, que circula en redes sociales, expone un caso alarmante: una motocicleta fue despojada de su placa sin previo aviso, en un espacio público de estacionamiento en el centro de Lerma, por parte de dos agentes de tránsito mujeres. El denunciante aclara que no fue advertido de ninguna infracción ni recibió instrucción alguna al momento de estacionarse, y que simplemente, tras retirarse unos minutos, encontró su motocicleta sin placa.

Lo más grave vino después: al intentar exigir explicaciones, una de las agentes pidió refuerzos alegando falsamente que había sido agredida físicamente. Minutos después, arribó una patrulla, no para mediar, sino para intimidar y reforzar la narrativa de la oficial, con el claro propósito de imponer miedo y autoridad sin justificación legal.

Este tipo de comportamientos no son hechos aislados en Lerma. Vecinos y conductores locales han reportado constantemente actos de prepotencia, sanciones sin fundamento legal, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de elementos de tránsito y seguridad pública. Sin embargo, hasta ahora, el presidente municipal, Miguel Ramirez, no ha emitido pronunciamiento alguno ni ha tomado acciones concretas para detener esta cadena de abusos.

Mientras la ciudadanía denuncia, exige y documenta estas prácticas inaceptables, el presidente municipal de Lerma, cuyo nombre cada vez más se asocia a una gestión opaca y represiva, permanece en silencio, protegiendo a sus elementos y desatendiendo los principios más básicos del servicio público: respeto, legalidad y justicia.

En lugar de garantizar una fuerza de tránsito capacitada, empática y justa, el municipio parece operar bajo una lógica de “recaudación por castigo”, en donde la legalidad se aplica selectivamente, y el trato hacia los ciudadanos es de desdén y amenaza constante.

En este caso, la víctima de la prepotencia dejó claro que no recibió ninguna boleta de infracción, advertencia verbal ni señalamiento claro de que estuviera infringiendo alguna norma de tránsito. Simplemente se le retiró la placa, sin proceso ni justificación. Esto viola el derecho al debido proceso administrativo y pone en entredicho los protocolos bajo los que opera la dirección de Tránsito Municipal.

Además, la falsa acusación de agresión física, sin evidencia ni testigos que la respalden, representa un intento peligroso de manipulación por parte de una servidora pública, que debería estar capacitada para resolver conflictos con profesionalismo y no recurrir al uso del poder para dañar la integridad de los ciudadanos.

Los habitantes de Lerma están hartos. Hartos de que se les trate como delincuentes por estacionarse en un lugar sin señalización clara. Hartos de tener que defenderse no solo del crimen organizado, sino también del aparato municipal que, en teoría, debería protegerlos.

Los responsables de esta situación tienen nombre y cargo. El presidente municipal de Lerma debe rendir cuentas sobre el actuar de su policía y de sus agentes de tránsito. No basta con discursos bonitos ni fotos inaugurando obras. La ciudadanía exige acciones, limpieza institucional, capacitación real y sanción a quienes abusan de su poder.

El municipio necesita más justicia y menos autoritarismo. Más servicio y menos persecución. Y, sobre todo, un gobierno que escuche actúe y proteja a su gente. Porque callar ante estos abusos es ser cómplice de ellos.

Uriel Rosales