Si el primer impacto es descubrir que la alcaldesa de San Antonio la Isla, Alejandra Castro, seembolsa un sueldo anual de $1,723,200.00, lo que sigue es aún más indignante: se suman 800 mil pesosen bonos y servicios. En total, más de 2.5 millones de pesos anuales y si lo quiere ver de otra forma,durante su gestión de tres años se va a llevar la modesta cantidad de 7 millones y medio de pesos.
Una cifra que no solo ofende por su magnitud, sino por el evidente contraste con la calidad devida que enfrenta la mayoría de los habitantes del municipio. Mientras muchas familias apenas logranjuntar lo necesario para comer, Ale Castro parece beneficiarse de un cargo público como si fuese unaejecutiva de alto nivel… pero sin los resultados, ni la rendición de cuentas.
La opacidad, el blindaje institucional y la falta de controles reales sobre este tipo de abusospresupuestales. Porque el sueldo que se lleva la presidenta municipal es apenas la punta del iceberg enun sistema de privilegios diseñado para beneficiar a una élite burocrática disfrazada de “servidorespúblicos”.
En un municipio con un presupuesto modesto y con carencias visibles —desde baches hastaservicios públicos intermitentes—, resulta inaceptable que su máxima autoridad viva con lujos financiadospor los ciudadanos. Porque ese salario estratosférico no proviene de una empresa privada, ni es el frutode un mérito comprobable, sino del dinero que día a día el ciudadano común aporta con sus impuestos.
Lo que muchos ciudadanos no saben —porque no se informa abiertamente— es que además delsueldo base mensual, Alejandra Castro también tiene acceso a:• Bonos discrecionales por “productividad”, aunque no haya resultados tangibles.• Gastos de representación, que incluyen comidas, viáticos y transportes «oficiales» sin límite.• Servicios personales cubiertos, como escoltas, chofer, teléfono celular y gasolina ilimitada.• Renta de vehículos de alta gama, a cuenta del municipio (Como la Suburban).• Apoyos extraordinarios no fiscalizados, los famosos «apoyos de gestión», que terminan siendouna caja chica personal.
A esto súmele su aguinaldo de más de 280 mil pesos, más vacaciones pagadas con primavacacional, que suman alrededor de 45 días de salario algo así $ 210 mil pesos, además de segurosmédicos privados (que ya quisiera cualquier trabajador formal) y hasta estímulos por “asistencia perfecta”.Sí, aunque parezca chiste: le pagan por ir a trabajar… como si eso fuera un logro extraordinario.En un país donde se presume la austeridad republicana, y donde incluso desde la presidencia sehan hecho recortes a altos sueldos, los municipios han quedado como zonas francas del derroche.
Nadie fiscaliza con seriedad. Nadie limita los salarios de los alcaldes. Nadie pregunta por qué un municipiocon poco más de 23 mil habitantes necesita pagar más de Dos millones y medio al año a su alcaldesa,cuando en municipios de tamaño similar, los sueldos oscilan entre los 600 y 800 mil pesos anuales.El Ayuntamiento, en lugar de ser una institución de servicio, parece haberse convertido en unaagencia de colocación para su círculo íntimo. Mientras tanto, los profesionistas con experiencia, queno tienen vínculos políticos, siguen siendo marginados. El acceso al empleo público se volvió un botínmás.
El cinismo con el que actúan estos “representantes populares” solo es posible porque no existeuna ciudadanía organizada y vigilante. Pero eso empieza a cambiar. En redes sociales ya es comúnver denuncias, filtraciones de documentos y testimonios de extrabajadores que confirman lo que aquí sedenuncia.Los jóvenes, especialmente, han empezado a cuestionar este tipo de estructuras oxidadas quesolo reproducen privilegios heredados del viejo PRI, ese que se niega a morir. Porque, aunque cambienlos discursos, los colores y las promesas, el modelo sigue siendo el mismo: llegar al poder paraenriquecerse. Punto.Porque ya basta de mantener a políticos que solo vienen a servirse, no a servir.Imaginemos por un momento que Ale Castro no fuera presidenta municipal, sino unatrabajadora en una empresa privada.
Su jefe directo no tardaría en pedirle cuentas, revisar sudesempeño, medir su productividad y, si no hay resultados, simplemente despedirla.Pero en su actual cargo como presidenta municipal, Ale Castro no tiene jefe, no rindecuentas ante nadie y no existe un sistema de supervisión real que fiscalice sus decisiones. Y así,sin que nadie le exija resultados concretos, cobra cada mes del erario público, dinero que deberíadestinarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.El caso de Ale Castro es una representación descarada del abuso de poder, el desinteréspor el bienestar ciudadano y la desconexión absoluta entre el gobierno local y la realidad de sugente.
Si usted, lector, fuera el jefe directo de Ale Castro, ¿le seguiría pagando millones de pesosal año por no hacer nada?Recuerde que ella y sus esbirro perdieron 13 millones de pesos que se deberían haber invertidoen obras para el beneficio de usted y los ciudadanos de el municipio y nadie le reclama por nohaber hecho su correcto trabajo en la administración pública.Se acuerda usted lo que decía el expresidente de la republica mexicana “El pueblo pone y elpueblo quita”· pues este es un claro ejemplo de la ignorancia con la que se gobierna el municipioya que a pesar de estar haciendo las cosas mal nadie le dice nada.Aquí si se podría hacer la revocación de mandato no lo cree.
Úriel Rosales