La confianza ciudadana en las instituciones encargadas de mantener el orden público continúa erosionándose, y no sin razón. En un acto que raya en el abuso de poder y la contradicción absoluta, elementos de la Policía Municipal de Lerma fueron captados en un acto de evidente doble moral: solicitando a un conductor que se estacionara en un lugar reservado para personas con discapacidad, mientras que hace un par de semanas antes sancionaba el vehículo de un medio de comunicación por hacer exactamente lo mismo, bajo circunstancias incluso más justificadas.
Todo comenzó con una supuesta emergencia, sin reparo alguno, los mismos agentes instruyeron que el vehículo fuera colocado en una zona exclusiva para personas con discapacidad, minimizando la gravedad de dicha infracción bajo el argumento de que “no había problema”.
Sin embargo, lo verdaderamente inquietante ocurrió semanas antes, cuando una unidad perteneciente a este medio de comunicación también se estacionó en el mismo espacio por menos de cinco minutos. En lugar de recibir el mismo trato que el conductor anterior, los elementos municipales procedieron de inmediato a levantar una infracción y retirar la placa del vehículo, una medida claramente desproporcionada.
Más allá de lo arbitrario de la sanción, lo que resulta aún más preocupante es la actitud del agente municipal involucrado. Al ser cuestionado sobre su identidad tal como lo exige el artículo 16 de la Constitución Mexicana y las propias normativas de actuación policial el uniformado se negó a identificarse, contraviniendo directamente los protocolos establecidos y dejando en claro que el profesionalismo y la rendición de cuentas brillan por su ausencia dentro de la corporación.
Este tipo de comportamientos no sólo atentan contra el principio de legalidad, sino que también colocan a la ciudadanía en una posición de indefensión frente a actos autoritarios y arbitrarios.
El caso pone sobre la mesa una problemática ya conocida pero pocas veces atendida: la discrecionalidad con la que operan muchas corporaciones municipales, que actúan sin supervisión, sin protocolos claros y, lo que es peor, sin temor a represalias administrativas o legales.
Es inaceptable que, en pleno 2025, la ciudadanía aún tenga que enfrentarse a servidores públicos que no comprenden la naturaleza de su rol: servir y proteger, no castigar selectivamente ni imponer su autoridad de forma autoritaria. ¿Qué clase de Estado de derecho se está construyendo si quienes deberían ser los primeros en respetar la ley son precisamente quienes más la pisotean?
Lo sucedido no es un simple malentendido ni una infracción más: es una señal alarmante de que la Policía Municipal de Lerma actúa con criterios propios, sin transparencia ni control institucional.
Si a esto le sumamos la falta de identificación del agente infractor, el cuadro se agrava. ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en policías que se esconden tras el uniforme y se niegan a cumplir con lo más básico: identificarse como lo marca la ley?
Mientras tanto, la ciudadanía debe permanecer atenta, crítica y exigente, porque los derechos no se mendigan: se ejercen y se defienden. Y si las autoridades municipales olvidan que su poder emana del pueblo, será la misma sociedad quien deba recordárselo.
Uriel Rosales