En la administración de Adolfo “Chiquillo” Solís Gómez, la política parece tener un apellido y la gestión pública un árbol genealógico bastante bien cuidado. Y es que se rumora que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) citó nada menos que a tres piezas clave del “equipo de confianza” del edil, los hermanos, Jorge Alfredo Estrada Mercado (director de Desarrollo Urbano), e Ismael Estrada Mercado (secretario técnico del Ayuntamiento), además de su ex esposa, Alejandra Estrada Mercado, quien, se rumora, “renta” un inmueble que funge como oficinas del DIF Municipal.
Según la información que llego hasta esta casa editorial, el citatorio, fechado el 29 de septiembre, pide que los presuntos implicados se presenten el 7 de octubre en el Ministerio Publico de Toluca para aclarar un pequeño detalle, una investigación por presunta falsificación de documentos, incluido un testamento. Claro, nada grave… apenas un tema que podría darle un giro dramático al guion de cualquier telenovela familiar.
Sin embargo, los hermanos Estrada Mercado, a pesar de estar atravesando por un proceso legal, continúan ejerciendo funciones con total impunidad, a pesar de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), Articulo 78. Establece que los servidores públicos podrán ser suspendidos temporalmente cuando se les inicie in procedimiento de responsabilidades, en tanto se resuelva si cometieron faltas graves. Esto habla de poca moralidad e impunidad que se maneja en las arcas del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
En contraste, la postal que pinta la política en Almoloya de Juaréz, los cargos públicos y los recursos parecen rotar como herencia familiar, dejando a la ciudadanía con la sensación de que el municipio funciona más como junta de consejo familiar que como gobierno municipal.
Porque si algo queda claro, es que aquí la meritocracia se mide en lazos de sangre, y la transparencia parece un concepto relativo, de esos que se usan en discursos pero que se guardan bajo llave en la práctica.
La ciudadanía, por supuesto, no es ajena a este panorama. Entre comentarios y críticas, se exige que la Contraloría Interna Municipal y el OSFEM no miren hacia otro lado y vigilen de cerca el caso, para que el dinero público no termine siendo moneda de cambio en este clan político.
En tanto, la administración de “Chiquillo” Solís, carga con un nuevo capítulo en su historial de cuestionamientos, recordando que la confianza no se hereda, se gana. Y mientras no se aclare esta novela judicial, los reflectores seguirán puestos sobre los Estrada Mercado y compañía, confirmando que en Almoloya de Juárez la línea entre lo público y lo familiar es cada vez más delgada… casi invisible.
Luis Garduño.