La Ley de Herodes parte 2

Apenas entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México y, como si la vida no fuera ya lo suficientemente cara, cientos de motociclistas fueron arrojados a un viacrucis burocrático, filas eternas, trámites caros y horas perdidas para obtener la licencia, un gasto inesperado que no cualquiera puede absorber, pero en Tenancingo, donde las decisiones suelen salir más del estómago que del Cabildo, las cosas siempre pueden ponerse peor.

La alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco, muy segura y firme como si el municipio

estuviera en orden celestial, decidió que las licencias de Guerrero simplemente no son válidas

en Tenancingo, aunque lo sean en todo el país, su argumento: “en Guerrero las dan a cualquiera” y “la certificación no es de aquí”, lo dijo con tal convicción que cualquiera pensaría que Tenancingo es la capital nacional del tránsito impecable y no uno de los municipios con más quejas por abuso, desinformación y operativos improvisados.

Pero la realidad es terca, y la ley todavía más, el Artículo 41 del nuevo Reglamento de

Tránsito del Estado de México establece que las licencias expedidas en cualquier estado del

país son válidas, siempre que puedan verificarse en la plataforma correspondiente y que a la

letra le transcribo: Articulo 41.- Para conducir vehículos automotores y motocicletas en el

Estado, se requiere de licencia o permiso expedido por las autoridades de Transporte de esta

Entidad, o de cualquiera otra de la Federación o del extranjero, conforme al tipo de vehiculo

que la misma señale, independientemente del lugar en que se haya registrado el vehiculo”.

Y sí las licencias de Guerrero pueden validarse sin problema alguno, ya sea en la plataforma estatal si son estatales, o en la de la Dirección de Movilidad o Tránsito Municipal cuando son emitidas por municipios, es decir, si fueron expedidas en oficinas oficiales como

las de Pilcaya, quizá la más conocida por su accesibilidad y costos razonables son totalmente

Legítimas. No hay truco, no hay excepción, no hay “pero aquí no aplica”, la ley es clara; la

confusión viene del Ayuntamiento, aun así, mientras la normativa dice una cosa, Nápoles repite otra, con esa seguridad tan peculiar, decidió ponerse por encima del propio reglamento y obligar a la ciudadanía a gastar lo que no tiene en certificaciones, exámenes y trámites innecesarios, todo bajo la bandera del “orden y legalidad”.

Los módulos en el Jardín Morelos siguen desbordados, la molestia ciudadana crece y la inconformidad podría transformar la fila en protesta, porque la gente está cansada de que

la traten como si no entendiera nada, y como si le faltaran trofeos, la alcaldesa se anotó otra joya para la vitrina de la ignorancia, convertir un trámite simple en un golpe directo al bolsillo , hoy la ciudadanía comprende que aquí no se gobierna con claridad, sino con ocurrencias

disfrazadas de reglamento, torciendo la ley cuando conviene e ignorándola cuando estorba.

Porque si algo quedó claro entre filas eternas, motocicletas detenidas y explicaciones a medias, es que Tenancingo no está siendo gobernado: está siendo administrado al aventón, con la misma delicadeza con la que uno guarda los trastes de plástico, pero eso sí: todo con el casco reglamentario, licencia nueva y la cartera bien vacía, no vaya a ser que a la presidenta se le ocurra mañana que “así lo marca el reglamento”, aunque el reglamento diga exactamente lo contrario, por eso, cuando la alcaldesa salió a decir que esas licencias “no sirven”, lo único

que demostró es lo que la gente viene señalando desde hace meses: que, en vez de leer la ley, prefiere interpretarla como si fuera horóscopo, donde cada uno escoge lo que le conviene y ahí está el verdadero problema, no en el motociclista que paga su licencia legal y verificable, sino en la autoridad que decide ignorar el reglamento como si fuera un folleto de supermercado, pero ojo, porque cuando la ciudadanía se aprende la ley mejor que su propio

gobierno, la narrativa se le cae a cualquiera y la de Tenancingo, ya hace polvo, porque si algo quedó claro es que la incompetencia también cuesta, y aquí quien la paga no es el Ayuntamiento quien es el portador de la misma, es el pueblo.

Diego Sánchez