El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo chiquitín Solís insiste en que “todo está bien”, que “la inseguridad ha bajado” y que “no existe corrupción en la policía municipal.
Almoloya de Juárez cuenta con una población aproximada de 180 mil habitantes. De acuerdo con información conocida dentro de la propia administración municipal, operan alrededor de 65 elementos policiacos por turno, lo que representa un policía por cada 2,700 habitantes.
Especialistas en seguridad pública coinciden en que esta proporción es insuficiente para garantizar tareas mínimas de prevención, reacción y patrullaje efectivo. Con estos números, hablar de control territorial y reducción sostenida del delito no es un logro documentado, es una afirmación sin sustento público.
Elementos de la Policía Municipal han señalado que la primera quincena de enero no fue cubierta en tiempo y forma, y que durante diciembre el aguinaldo y la prima vacacional no se pagaron oportunamente, a pesar de tratarse de prestaciones obligatorias por ley, no de concesiones políticas ni favores administrativos.
Afirmar que “no hay corrupción” sin presentar auditorías públicas, informes financieros detallados o evaluaciones externas independientes no constituye rendición de cuentas. Es, en el mejor de los casos, una declaración unilateral.
El supuesto “cariño” hacia la Policía Municipal contrasta con retrasos salariales, inconformidades internas y prestaciones pendientes, lo que inevitablemente impacta en la operatividad, la moral del personal y la confianza institucional.
Si la inseguridad realmente bajó, ¿dónde están los datos oficiales comparativos, periodo contra periodo, colonia por colonia?
Si no hay corrupción, ¿dónde están las auditorías abiertas al escrutinio ciudadano?
Si todo está bien, ¿por qué persisten las quejas por pagos atrasados?
A estos cuestionamientos se suman hechos que merecen explicación pública. Durante el convivio de fin de año del Ayuntamiento, no todos los integrantes del Cabildo estuvieron presentes, situación que ha sido interpretada como reflejo de inconformidades internas.
También se ha señalado que los bonos otorgados no habrían sido iguales para todos, por lo que la pregunta es obligada:
¿Los regidores y la síndico recibieron su aguinaldo completo y bonos en tiempo y forma, como marca la ley, o también se les entregó de manera parcial, como ocurrió con otros trabajadores de la administración municipal?
En ese mismo evento, trabajadores contratados para brindar servicios de meseros habrían esperado varias horas para recibir su pago, lo que abre otra interrogante legítima:
¿por qué el Ayuntamiento no garantizó el pago inmediato a quienes prestaron un servicio laboral claramente identificado?
Asimismo, resulta llamativa la presencia constante de, hermano del presidente municipal, supervisando actividades dentro y fuera del Palacio Municipal y en la Plaza Invernalia, donde operan diversas oficinas municipal.
Cuando toda crítica se descalifica como “ataque político”, lo que en realidad se evita es la obligación legal de rendir cuentas. Y conviene subrayarlo: rendir cuentas no es opcional.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. No con discursos, no con videos institucionales, no con frases optimistas.
Pero como siempre amigo lector, usted tiene la ultima palabra, que viva el amor ( será real o al dinero)
Redaccion
¿Todo por Amor?
