En Xalatlaco, la seguridad pública parece haber cruzado una línea que nunca debió tocar: la de poner en riesgo a la propia ciudadanía, los señalamientos contra la policía municipal, encabezada por Víctor Manuel Gutiérrez Zaragoza, ya no son simples quejas aisladas; son un cúmulo de denuncias que dibujan un panorama preocupante de presuntos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Lo que debería ser una institución encargada de proteger, hoy es vista por muchos como una fuente de temor, y no es para menos, el caso más reciente resulta particularmente alarmante: elementos de la policía municipal habrían accionado armas de fuego contra un vehículo en el que viajaban cuatro personas, incluyendo dos menores de edad, quienes resultaron lesionados por impactos de bala, un hecho que, de confirmarse en todos sus términos, no solo es grave, es inaceptable en cualquier contexto.
Porque una cosa es combatir el delito, y otra muy distinta es disparar sin medir consecuencias, y cuando hay menores heridos en medio de un operativo, lo que queda en evidencia no es la eficacia policial, sino la ausencia de control, criterio y protocolos básicos.
Las denuncias apuntan a que no se trata de un incidente aislado, sino de una práctica recurrente que refleja fallas estructurales dentro de la corporación, falta de capacitación, escaso profesionalismo y una preocupante desconexión con el marco legal que debería regir cada una de sus actuaciones, mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente desconfianza cómo la línea entre autoridad y abuso parece desdibujarse peligrosamente, y en medio de todo esto, el silencio.
El gobierno municipal encabezado por Abelito Flowers no ha ofrecido una postura clara, contundente y transparente frente a estos señalamientos. No hay explicaciones, no hay rendición de cuentas, no hay mensajes que den certeza a la población. Solo un vacío que, lejos de calmar los ánimos, los enciende aún más.
Porque cuando la autoridad calla ante hechos de esta magnitud, el mensaje que se envía es demoledor: o no hay control, o no hay voluntad de ejercerlo, especialistas en seguridad han advertido que este tipo de situaciones no solo vulneran derechos humanos, sino que erosionan profundamente la confianza en las instituciones. Y sin confianza, no hay seguridad que funcione.
La pregunta ya no es si hubo abuso, la pregunta es: ¿qué va a hacer el gobierno municipal al respecto?, ¿Habrá investigación?, ¿Habrá sanciones?, ¿Habrá cambios reales en la corporación?, o todo quedará, como tantas veces, en el archivo muerto de la impunidad.
Lo verdaderamente alarmante no es solo lo ocurrido, sino lo que representa: un gobierno municipal que parece haber perdido el control de su propia policía.
Diego Sánchez