El municipio de Lerma vuelve a quedar atrapado en el pantano de los escándalos políticos y urbanísticos, esta vez no se trata de simples rumores de pasillo ni de pleitos partidistas, una mansión asegurada dentro del exclusivo Club de Golf Los Encinos y una investigación abierta por presuntos permisos ilegales en áreas naturales protegidas colocan nuevamente a la administración ligada a Miguel Ángel Ramírez Ponce bajo una sombra demasiado grande para ignorarla.
Porque cuando la Fiscalía entra a catear propiedades de lujo, ya no hablamos de “errores administrativos”, hablamos de posibles redes de favores, autorizaciones sospechosas y un modelo de gobierno donde, aparentemente, el concreto y el dinero pesan más que la ley y el medio ambiente.
El cateo realizado el pasado 20 de abril no solo dejó una propiedad asegurada; dejó al descubierto el olor rancio de una administración señalada por permitir construcciones donde simplemente no debían existir, y mientras las áreas naturales eran reducidas a mercancía para desarrolladores y privilegiados, la ciudadanía de Lerma seguía soportando problemas básicos de infraestructura, movilidad y servicios públicos.
El nombre de David “N” aparece ya vinculado a proceso por una licencia presuntamente irregular, pero la pregunta que hoy retumba en Lerma es mucho más incómoda: ¿de verdad quieren hacer creer que todo un esquema de permisos cuestionados funcionó gracias a una sola persona? Porque en política municipal los documentos no caminan solos, las firmas no aparecen mágicamente y los permisos no brotan como flores en primavera.
Lo verdaderamente grave es que este caso empieza a dibujar la imagen de un gobierno donde el poder pudo haber sido utilizado para abrirle paso al negocio privado en terrenos protegidos, y cuando eso ocurre, la línea entre administración pública y tráfico de influencias comienza a desaparecer peligrosamente.
Mientras tanto, el silencio institucional resulta ensordecedor. No hay explicaciones claras, no hay deslindes contundentes y tampoco señales reales de asumir responsabilidades.
Como suele ocurrir en estos casos, todos parecen sorprendidos, aunque demasiados nombres ya empiezan a repetirse alrededor del escándalo.
Y así, entre mansiones aseguradas, permisos bajo sospecha y funcionarios nerviosos, Lerma comienza a parecer más un catálogo de privilegios clandestinos que un municipio gobernado con transparencia, porque cuando el poder termina sirviendo a constructoras y no a ciudadanos, el “desarrollo” deja de ser progreso.
Esteban Díaz