El divorcio del Año

Hay divorcios que terminan en el juzgado.
Y hay otros que terminan en el Congreso del Estado de México.
Cansados del abandono, la falta de servicios públicos y las promesas que aseguran nunca llegaron a convertirse en soluciones, habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan se manifestaron frente al Poder Legislativo mexiquense para exigir que su comunidad se le dé, la categoría de municipio.
La escena resulta tan insólita como contundente.
Los vecinos ya no acudieron a pedir una obra, una patrulla o una lámpara.
Acudieron a pedir su independencia administrativa.
Durante la movilización, los inconformes denunciaron problemas relacionados con agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento urbano, señalando que pese a ser una de las comunidades más importantes de Almoloya de Juárez, continúan enfrentando rezagos que consideran inaceptables.
Las críticas también alcanzaron directamente al gobierno municipal encabezado por el Chiquitín Solís.
«El alcalde es un inepto y no atiende nuestras necesidades», señalaron algunos de los manifestantes durante la protesta, mientras otros cuestionaron públicamente el destino de los recursos municipales.
«¿Por qué razón los recursos no llegan a nuestra comunidad para que podamos salir adelante?», reclamaron frente al Congreso.
Como parte de su estrategia legal y política, integrantes del Consejo Mayor del Gobierno Popular de San Francisco Tlalcilalcalpan informaron que promovieron un amparo indirecto por presuntas omisiones de autoridades estatales relacionadas con su solicitud para elevar la categoría de municipio.
Asimismo, señalaron que entregaron nueva documentación a legisladores mexiquenses y sostendrán reuniones con la Comisión de Límites Territoriales para continuar impulsando su demanda.
Para muchos observadores, el hecho más significativo no es únicamente la exigencia de municipalización.
Es el mensaje político que la acompaña.
Porque cuando una comunidad pide una obra, todavía existe esperanza.
Cuando pide servicios, todavía existe confianza.
Pero cuando una comunidad decide acudir al Congreso para solicitar separarse del municipio al que pertenece, la señal es otra.
Es una muestra de hartazgo.
Es una protesta contra años de abandono percibido.
Y es una factura política que difícilmente puede esconderse detrás de un boletín de prensa o una publicación en redes sociales.
Mientras en presidencia municipal seguramente se insiste en que las cosas avanzan, en Tlalcilalcalpan la conversación parece haber tomado otro rumbo.
Allá ya no preguntan cuándo llegarán las soluciones.
Ahora preguntan cuándo podrán dejar de depender de quienes, aseguran, nunca los supieron administrar los recursos públicos designados a esta comunidad Otomí.
Mónica Moreno