Mientras la población exige resultados en materia de seguridad y transparencia, un nuevo señalamiento coloca nuevamente al gobierno municipal en el centro de la polémica, durante la cobertura de un feminicidio registrado en el municipio, un periodista denunció haber sido presuntamente intimidado por un elemento de la Policía Municipal, situación que ha despertado cuestionamientos sobre el respeto a la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.
De acuerdo con el testimonio del comunicador, el oficial habría tomado fotografías sin su consentimiento y posteriormente le indicó que no podía desempeñar su labor periodística en el sitio donde ocurrieron los hechos, aunque hasta el momento no existe un posicionamiento oficial por parte del Ayuntamiento, el incidente ha generado preocupación entre diversos sectores que consideran indispensable garantizar el trabajo de los medios de comunicación, particularmente en coberturas relacionadas con hechos de alto impacto.
La situación resulta especialmente delicada porque ocurre en un contexto donde la ciudadanía ha expresado reiteradas inconformidades por temas como el deterioro de infraestructura, problemas de servicios públicos y demandas de mayor atención en materia de seguridad, ahora, a esas críticas se suma la percepción de que, en lugar de facilitar la transparencia, algunas actuaciones podrían interpretarse como intentos de limitar la documentación de los hechos.
Diversas voces consideran que la labor periodística constituye un elemento fundamental para la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, en casos relacionados con delitos de alto impacto, la presencia de los medios no solo permite documentar lo ocurrido, sino también mantener informada a la sociedad sobre el actuar de las instituciones responsables de procurar justicia y preservar la seguridad.
La ausencia de una postura oficial por parte de la administración municipal encabezada por Abelito Flowers ha alimentado las interrogantes sobre los protocolos que siguen los elementos policiacos durante este tipo de coberturas, organizaciones y ciudadanos coinciden en que cualquier inconformidad con el trabajo de un periodista debe resolverse conforme a la ley y respetando plenamente las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y de prensa.
Mientras tanto, la percepción entre parte de la ciudadanía es que el municipio continúa acumulando episodios que deterioran la confianza hacia sus instituciones, en un momento en que la población demanda mayor profesionalismo, resultados y apertura, cualquier acción que pueda interpretarse como un intento de inhibir el trabajo informativo termina generando más dudas que certezas.
Un gobierno seguro de su trabajo no les teme a las cámaras ni a las libretas de los reporteros, cuando la autoridad parece preocuparse más por quién documenta los problemas que por resolverlos, el verdadero encabezado ya no lo escribe la prensa, lo redacta la propia administración con cada una de sus decisiones.
Diego Sánchez