Cuando se habla del gobierno municipal, la atención suele concentrarse en la figura del presidente o presidenta municipal. Sin embargo, la administración de un ayuntamiento no recae en una sola persona. Existe un órgano colegiado cuya responsabilidad es participar en la conducción del municipio, analizar los asuntos públicos y representar a la ciudadanía: el Cabildo.
En Tenancingo, el Cabildo está integrado por la presidenta municipal Nancy Nápoles Pacheco; el síndico Víctor Avendaño Bustos; y los regidores Verónica Guadarrama Rosales, Gabriel Aguilar Calvo, Marlen Lizeth Duarte García, Vicente Anaya Vásquez, Dagoberto Mondragón González, Viridiana Jacobo Leguízamo y Arianna Peña Manzano.
Las atribuciones del Cabildo van más allá de asistir a las sesiones ordinarias. Entre sus responsabilidades se encuentran deliberar y votar los asuntos de interés municipal, supervisar el funcionamiento de la administración pública, aprobar reglamentos, programas y presupuestos, vigilar el adecuado ejercicio de los recursos públicos y, sobre todo, representar a la ciudadanía que les otorgó su confianza mediante el voto.
Por ello, los acontecimientos ocurridos los días 9 y 10 de julio despertaron un debate que trasciende el proceso judicial de la presidenta municipal. Durante esas fechas, ciudadanos se manifestaron en las afueras del juzgado para expresar su inconformidad y solicitar que Nancy Nápoles se separara del cargo mientras enfrentaba el procedimiento legal. Más allá de compartir o no esa exigencia, las manifestaciones evidenciaron que existía una preocupación ciudadana que merecía atención.
En ese contexto surge una pregunta legítima: ¿Cuál fue la actuación institucional del Cabildo ante esa situación?
Es conocido que, en un momento del desarrollo de este caso, algunos integrantes del Cabildo plantearon que la presidenta municipal solicitara licencia para enfrentar su proceso fuera del ejercicio del cargo. También es un hecho que el propio Cabildo aprobó por unanimidad la solicitud de auditorías a la administración municipal, demostrando que, cuando existe consenso, el órgano colegiado puede actuar y tomar decisiones de manera institucional.
Precisamente por ello resulta válido preguntarse si, frente a una de las coyunturas políticas y jurídicas más relevantes que ha vivido recientemente Tenancingo, existió una postura institucional del Cabildo para atender la inquietud expresada por un sector de la ciudadanía.
La intención de este cuestionamiento no es sustituir las facultades de las autoridades judiciales ni anticipar responsabilidades que sólo competen a los tribunales. Tampoco busca descalificar de manera personal a quienes integran el Ayuntamiento. La reflexión se centra en el papel que corresponde desempeñar a los representantes populares cuando un municipio atraviesa momentos de alta atención pública.
Los ciudadanos eligieron a una presidenta municipal, pero también eligieron a un síndico y a siete regidores. Todos ellos forman parte del gobierno municipal y, desde sus respectivas atribuciones, comparten la responsabilidad de representar a la sociedad y contribuir a la estabilidad institucional del municipio.
Hoy, más allá del proceso legal que continúa su curso, permanece abierta una pregunta que seguramente muchos ciudadanos se hacen:
¿Cómo ejerció el Cabildo de Tenancingo su responsabilidad de representar a la ciudadanía durante esta crisis política e institucional?
El debate está abierto y serán los propios ciudadanos quienes valoren el desempeño de sus representantes.
Usted, amigo lector, tiene la última palabra