Violencia en delegación

Habitantes de San Luis Mextepec denunciaron públicamente un presunto episodio de violencia que involucra a autoridades auxiliares de la comunidad, señalando que el delegado Jorge Romero y familiares habrían agredido físicamente al esposo de la delegada Marta, hecho que generó indignación entre vecinos y un llamado urgente a la intervención del gobierno municipal de Zinacantepec.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, el conflicto no solo exhibe un problema personal, sino un reflejo del tipo de perfiles que operan dentro de las delegaciones, donde, según denuncian, el poder local se ejerce con abuso, confrontación y sin control institucional.

Habitantes sostienen que estos hechos no son aislados y que evidencian la falta de filtros y supervisión en la designación de representantes comunitarios. La molestia crece porque, aseguran, la administración encabezada por Chapatín Vilchis no solo ha sido omisa ante conflictos internos, sino que permite que la violencia escale sin consecuencias claras, vecinos acusan que, lejos de garantizar orden, las autoridades municipales mantienen delegaciones marcadas por disputas, confrontaciones y prácticas que nada tienen que ver con el servicio público.

En el centro de la indignación está la percepción de impunidad: ciudadanos afirman que, cuando se presentan estos episodios, la respuesta institucional es mínima o nula, y que incluso elementos policiales terminan actuando más como respaldo de grupos locales que como garantes de la seguridad comunitaria.

El caso reabre una crítica constante hacia la estructura municipal: delegados cuestionados, autoridades ausentes y una corporación policiaca señalada por actuar de manera selectiva, para muchos habitantes, lo ocurrido no es un incidente aislado, sino la consecuencia directa de un gobierno que tolera perfiles conflictivos y permite que el poder comunitario se ejerza sin responsabilidad.

La exigencia es directa: investigación, destituciones si se confirman responsabilidades y una postura oficial clara, porque cuando la violencia se instala dentro de quienes deberían representar a la comunidad, el problema deja de ser vecinal y se convierte en un síntoma de un municipio sin control político ni autoridad moral.

Y mientras tanto, la imagen que queda es la de un Ayuntamiento que presume gobernabilidad, pero que en la práctica parece rodearse de delegaciones envueltas en conflictos, policías señalados por encubrir abusos y una administración que reacciona tarde o simplemente no reacciona, en Zinacantepec, la pregunta ya no es si hay violencia, sino quién la permite, y quién se beneficia del silencio.

Diego Sánchez