¿Quién gobierna Zinacantepec?

En política suele decirse que quien aparece en la fotografía no siempre es quien toma las decisiones. En Zinacantepec, esa frase parece cobrar cada vez más fuerza. Mientras el presidente municipal, «Chapatín» Vilchis, encabeza actos públicos y presume programas institucionales, entre ciudadanos comienza a crecer una pregunta que ya se escucha en colonias, delegaciones y hasta en los pasillos del propio Ayuntamiento: ¿quién mueve realmente los hilos del gobierno municipal?

La interrogante no surge por casualidad. Habitantes señalan que un funcionario de la administración, el secretario técnico, ha adquirido un protagonismo inusual dentro del Ayuntamiento, al grado de que, para muchos, parece concentrar una influencia política que rebasa ampliamente las funciones que normalmente corresponden a ese cargo, la percepción ciudadana alimenta un debate incómodo para el gobierno: ¿quién define las prioridades del municipio y quién decide el destino de los recursos públicos?

Las dudas aumentan cuando se observa el estado que guardan diversas comunidades. Mientras vecinos siguen denunciando problemas relacionados con el abastecimiento de agua, la inseguridad, calles deterioradas, servicios deficientes y obras inconclusas, existen proyectos que fueron anunciados con entusiasmo oficial y que hoy lucen sin utilidad evidente o sin el impacto prometido, en este contexto, la ciudadanía reclama algo más que discursos: exige explicaciones.

La transparencia, lejos de incomodar, debería convertirse en la principal herramienta para despejar cualquier sospecha, sin embargo, cuando las respuestas tardan en llegar, las versiones extraoficiales ocupan el espacio que deja el silencio institucional, y eso termina debilitando la confianza entre gobierno y sociedad.

Más allá de nombres o cargos específicos, el fondo del debate es mucho más profundo: los habitantes de Zinacantepec quieren saber quién toma las decisiones que afectan su vida cotidiana y bajo qué criterios se administra el presupuesto municipal, porque los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y, por tanto, deben ejercerse con total apertura, rendición de cuentas y responsabilidad.

En política existe una regla que ningún cargo puede cambiar: el poder no pertenece a quien ocupa una oficina, sino a los ciudadanos que lo prestan temporalmente mediante su voto, los reflectores, las fotografías y los discursos duran apenas un instante; las calles sin atender, las obras cuestionadas y los problemas cotidianos permanecen mucho más tiempo, al final, no serán las publicaciones oficiales las que escriban la historia de esta administración, sino la memoria de los habitantes, que tarde o temprano terminan distinguiendo entre quien gobernó para resolver problemas y quien simplemente administró la apariencia de hacerlo.

                         Diego Sánchez