Zinacantepec

¿Se extraviaron 24 inmuebles?

En Zinacantepec, la política parece haberse mudado al género de la magia, la denuncia presentada por la síndica municipal, María Félix González Zepeda, y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han colocado al gobierno de Manuel Vilchis en el centro de un nuevo escándalo. La polémica gira en torno a la presunta omisión de registrar 24 inmuebles que debían formar parte de los activos fijos del Ayuntamiento, con un valor que superaría los 20 millones de pesos.
La noticia no tardó en desatar preguntas entre la ciudadanía. ¿Cómo es posible que bienes municipales no aparezcan donde deberían aparecer? ¿Se trató de un error administrativo, de un descuido monumental o de algo que requiere una explicación mucho más profunda? Lo cierto es que, en un municipio con rezagos en servicios, obras inconclusas y reclamos constantes por parte de la población, cualquier señalamiento relacionado con el patrimonio público enciende las alarmas.
Porque el problema no es únicamente el monto económico. El verdadero asunto es la confianza pública. Cada peso, cada inmueble y cada bien pertenecen a los habitantes de Zinacantepec y no a la administración en turno, la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué se habría llegado a una situación que hoy ya se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades ministeriales.
En Zinacantepec ya no bastan los discursos, las fotografías oficiales ni las campañas de imagen, si los inmuebles están donde deben estar, habrá que demostrarlo con documentos y transparencia; y si no, alguien tendrá que explicar cómo se pretende gobernar un municipio cuando hasta sus propios bienes terminan envueltos en un misterio digno de un espectáculo de ilusionismo político.
Porque una cosa es administrar un ayuntamiento y otra muy distinta es que la ciudadanía empiece a preguntarse si, además de gobernar, en el Palacio Municipal también se están ensayando actos de desaparición, y en política, a diferencia de la magia, los trucos suelen terminar con una rendición de cuentas.
Y quizá la pregunta que más inquieta a los habitantes de Zinacantepec es la más simple de todas: si hoy existe polémica por bienes que deberían estar plenamente identificados y registrados, ¿qué garantía tiene la ciudadanía de que el patrimonio municipal está siendo administrado con total transparencia?
Porque los gobiernos pasan, los cargos terminan y las campañas se olvidan, pero las dudas sobre el manejo de los bienes públicos suelen quedarse mucho más tiempo que cualquier eslogan político.
Mientras la investigación sigue su curso, queda una lección incómoda: los bienes públicos no son objetos perdidos que puedan aparecer o desaparecer entre trámites y expedientes, cada inmueble representa patrimonio de la ciudadanía
                         Diego Sánchez

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