El conjunto residencial Villas del Campo en Calimaya es prácticamente una pequeña ciudad dentro del municipio, con una gran cantidad de casas y de gente que habita ahí; lo que conlleva que proporcionarle servicios y seguridad muchas veces exceda las capacidades del gobierno municipal, y tratándose de las administraciones de Óscar Hernández Meza mejor conocido entre sus vecinos como “El Capulina”, la cosa se pone peor, pues dicen, se caracteriza por la opacidad e ineficiencia en sus acciones, peor aun cuando una urbanización como “Villas del Campo” está continuamente envuelta en la discordia.
Desde la recolección de basura, la seguridad y el abasto de agua, muchas son las inconformidades que los habitantes han tenido con el gobierno, sin embargo, quizá la más sonada es referente a las asociaciones civiles que cobran cuotas a los colonos para brindar los servicios públicos y que no todos los habitantes están de acuerdo, pues se tratan de obligaciones que el municipio debe dar a la ciudadanía, denunciando también en repetidas ocasiones, que presuntamente el mismo alcalde está inmiscuido con los representantes de estas asociaciones, sacando provecho de tales cuotas, privatizando servicios de carácter público.
La última de estas peripecias fue el pasado sábado 16 de julio, cuando una ambulancia tuvo que dar auxilio a dos personas electrocutadas, quienes se dice, estaban “dando mantenimiento” al alumbrado público de este desarrollo y que fueron presuntamente contratados por la asociación civil que administra Villas del Campo.
Por fortuna, ambas personas sobrevivieron, sin embargo, surgen nuevamente las inquietudes de una ingobernabilidad en esta zona, donde parece que el gobierno municipal consiente que estas asociaciones se tomen atribuciones que no les corresponden, generando con gran irresponsabilidad que gente sin preparación le meta mano a la red eléctrica, poniendo en riesgo su vida, la infraestructura de orden federal y hasta el asignar responsabilidades a presuntos culpables, situaciones que claramente, podrían evitarse.
Esto es lo que pasa cuando un presidente aprovecha el “boom” inmobiliario de la zona, otorgando a diestra y siniestra permisos para desarrollos y urbanizaciones, además de presumiblemente, sacar provecho en la recaudación por predial que esto le genera, pero al mismo tiempo, este edil es incapaz de garantizar gobernabilidad a toda la gente que se hace de un patrimonio en el municipio.
Esta vez no hubo mayores pérdidas qué lamentar, pero si hubiera pasado a mayores, seguramente ni el Ayuntamiento ni la asociación se hubieran hecho responsables de una negligencia que a ambos involucra, se hubieran lavado las manos. Porque si ya todos los servicios públicos van a estar a cargo de ésta, pues para qué se necesita un gobierno y para qué sirven sus impuestos, si de todos modos pagan las cuotas a privados.
Al final de cuentas, como siempre, los que pagan los platos rotos son los habitantes, aguantando que estas situaciones se presenten porque de poco o nada hacen sus autoridades.
Osvaldo García
