Policía de Tránsito en Lerma aplica sanciones… Pero oculta los recibos de pago

La legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares de cualquierinstitución pública, sobre todo cuando se trata de la aplicación de sanciones por parte de las fuerzas delorden. Pero en el municipio de Lerma, estos principios parecen ser sólo un discurso vacío que secontradice con los hechos cotidianos.En días pasados, un vehículo perteneciente a esta casa editorial fue objeto de una infracción porparte de elementos de la Policía de Tránsito Municipal.

Sin mediar mayor explicación y sin oportunidadde subsanar en el momento, los oficiales procedieron a retirar las placas del automóvil, situación quefue aceptada por respeto al cumplimiento de la norma, aunque con ciertas reservas sobre la arbitrariedaddel procedimiento.El verdadero problema no fue la sanción, sino lo que vino después: al acudir a la TesoreríaMunicipal de Lerma a pagar la multa correspondiente, se solicitó, como dicta cualquier procedimientolegal y administrativo, un recibo oficial que diera constancia del pago realizado.

La respuesta fue insólitay profundamente alarmante: «no se puede entregar un recibo que diga que ya fue pagada la multa».Esta negativa a expedir un comprobante genera más preguntas que respuestas. ¿En qué sistemalegal se permite cobrar sin emitir una constancia oficial? ¿Qué tipo de administración es capaz desancionar con rigidez pero incapaz de transparentar el uso de los recursos que recauda?La contradicción es brutal: la misma institución que exige a la ciudadanía el cumplimiento estrictode la ley se niega a cumplir con su obligación más básica: demostrar en papel que el ciudadano hacumplido con su sanción.

En un contexto donde la corrupción sigue lacerando profundamente laconfianza pública, estas prácticas no son menores. Son alarmantes.La Tesorería Municipal de Lerma debería ser un órgano de control, claridad y legalidad. Sinembargo, con acciones como esta, se convierte en un foco rojo que abre la puerta a prácticasfraudulentas, cobros discrecionales y manejo opaco del recurso público.Cuando no se entrega un recibo, lo que queda en evidencia es la falta de interés en rendir cuentas.¿A dónde fue el dinero? ¿Cómo se registró ese pago? ¿Quién garantiza que la sanción fue realmenteeliminada del sistema? Sin un documento que lo compruebe, cualquier multa pagada sigue siendouna amenaza latente para el ciudadano.Este caso refleja una realidad que viven a diario muchos ciudadanos en Lerma y otros municipiosdel país: la ley se aplica con dureza hacia abajo, pero con laxitud y privilegios hacia dentro delpropio aparato gubernamental.La Policía de Tránsito no dudó en retirar placas, levantar la multa y ejercer presión. Pero cuandose trató de cumplir con su parte —entregar un recibo fiscal—, el sistema se cayó, la legalidad se desdibujóy los servidores públicos simplemente se negaron a actuar con transparencia.

Este tipo de prácticas no sólo afectan al ciudadano directamente implicado. Minan la confianzade toda la comunidad. Si pagar una multa correctamente no garantiza un documento oficial que lorespalde, ¿qué certeza puede tener cualquier contribuyente sobre su relación con el municipio? ¿Quégarantías hay de que otros pagos, impuestos o trámites no corren el mismo riesgo de opacidad?Esta casa editorial alza la voz no sólo por lo ocurrido con su propio vehículo, sino enrepresentación de todas aquellas personas que han sido víctimas del mismo sistema: uno que exige sinrendir cuentas, sanciona sin registrar, cobra sin justificar.Desde este espacio exigimos a la administración municipal de Lerma, en particular a la Tesoreríay a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, una explicación clara y puntual sobre estairregularidad.Lo que parece una simple omisión administrativa es, en realidad, un atentado contra laconfianza ciudadana y la legalidad institucional. Si Lerma quiere proyectarse como un municipiomoderno, funcional y responsable, debe comenzar por limpiar sus propias prácticas, desde lo más básico:entregar un recibo por lo que cobra.Porque si el gobierno municipal no puede —o no quiere— entregar un papel que diga «multado ypagado», entonces no está en condiciones de exigir absolutamente nada a sus ciudadanos.            Uriel Rosales