Placas, ¿cuáles placas?

Una denuncia ciudadana puso nuevamente bajo la lupa a los elementos de tránsito de Zinacantepec, luego de que una persona señalara presuntos actos de corrupción relacionados con un supuesto cobro de 500 pesos para la “cancelación de las placas”, de acuerdo con el señalamiento, uno de los agentes identificado por el apellido “Lua” estaría entre los elementos señalados, aunque estos hechos deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes.

La denuncia también cuestiona las condiciones en las que algunos elementos realizan sus funciones, pues el ciudadano afirma que los policías señalados presuntamente circulan sin placas y, además, no portarían identificación visible, el reclamo resulta particularmente incómodo porque quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones de tránsito deberían ser los primeros obligados a respetarlas, la pregunta inevitable es sencilla: ¿con qué autoridad se exige cumplir la ley cuando quienes la hacen cumplir son acusados de ignorarla?

El señalamiento cobra mayor relevancia ante la gravedad de cualquier posible cobro fuera de los procedimientos oficiales, si un ciudadano debe entregar 500 pesos para evitar una infracción o resolver un supuesto trámite, lo mínimo que corresponde es que exista un recibo, fundamento legal y claridad absoluta sobre el destino del dinero, si no existe nada de eso, la sospecha deja de ser un simple comentario callejero y se convierte en un asunto que merece una revisión seria por parte de las autoridades municipales y de los órganos de control correspondientes.

La administración municipal encabezada por el Chapatín Vilchis, tiene ahora la oportunidad de demostrar que sus discursos contra la corrupción no se quedan en propaganda, la ciudadanía merece saber si los elementos señalados cumplen con los requisitos reglamentarios para desempeñar sus funciones, si cuentan con identificación, si las unidades que utilizan cumplen con la normatividad y, sobre todo, si existe algún procedimiento oficial que respalde los cobros denunciados.

Porque resulta cuando menos contradictorio que un ciudadano pueda ser detenido y cuestionado por irregularidades en su vehículo mientras los propios agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la normativa son señalados por presuntamente incumplir obligaciones básicas, la ley no puede funcionar como una ventanilla de doble trato: una regla para el ciudadano y otra, mucho más cómoda, para quien porta uniforme.

Y aquí está el pequeño detalle que quizá nadie quiera poner sobre la mesa, si los agentes de tránsito supuestamente cobran por “cancelar placas”, tal vez en Zinacantepec inventaron una nueva modalidad de recaudación: el impuesto voluntario a la corrupción.

                       Diego Sánchez