Lerma
Operación Agandalle
Lerma vuelve a enfrentar un episodio que alimenta la creciente desconfianza ciudadana hacia las decisiones tomadas desde el gobierno municipal, esta vez, la inconformidad surgió en Santa María Tlalmimilolpan, donde vecinos se movilizaron para impedir la presunta intervención de un terreno que consideran parte del patrimonio comunitario y cuyo destino, aseguran, ya había sido definido en beneficio de la propia población.
La llegada de maquinaria pesada acompañada por elementos de Seguridad Pública encendió las alarmas entre los habitantes, lo que para las autoridades pudo representar una acción administrativa más, para decenas de vecinos fue interpretado como una amenaza directa contra un espacio que consideran suyo y que afirman haber protegido durante años.
Con documentos en mano, los pobladores exigieron respuestas inmediatas. ¿Quién autorizó las maniobras? ¿Bajo qué fundamento legal se pretendía intervenir el predio? ¿Por qué no existió información previa hacia la comunidad?, son preguntas que hasta ahora continúan resonando entre los habitantes sin que exista una explicación pública suficientemente clara.
El caso adquiere especial relevancia porque la presencia de elementos de Seguridad Pública generó una percepción todavía más delicada, para muchos vecinos resulta difícil entender por qué un asunto relacionado con un terreno comunitario requeriría la presencia de cuerpos policiales, armados , equipados y con actitud como si de delicuentes extremadamente peligrosos se tratara amedrentaban a los vecinos y esto lejos de generar confianza, la imagen de patrullas y uniformados acompañando maquinaria provocó mayor tensión e incrementó las sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de la intervención.
La molestia ciudadana también tiene un componente político, diversos habitantes sostienen que este conflicto no surge en el vacío, sino en un contexto donde persisten dudas sobre decisiones gubernamentales por supuesto aparentemente orquestadas por el Mike, relacionadas por con el uso del suelo, desarrollos y patrimonio comunitario dentro del municipio, por ello, la protesta terminó convirtiéndose en algo más grande que la defensa de un predio: una exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
La presión social logró detener temporalmente las acciones en el lugar, pero el conflicto está lejos de resolverse, lo ocurrido dejó una pregunta de fondo que el gobierno de Mike tendrá que responder con claridad: si existe un proyecto legítimo y legal, ¿por qué no fue explicado primero a la comunidad?
Las sospechas terminan avanzando mucho más rápido que cualquier retroexcavadora.
Esteban Díaz