La escuela estorba

Cuando los padres de familia deciden salir a las calles, bloquear carreteras y prender fuego a llantas para ser escuchados, el problema ya dejó de ser educativo para convertirse en político, lo ocurrido en Santa María Tlalmimilolpan representa mucho más que una disputa por un terreno: es el reflejo de una administración que parece haber perdido la capacidad de dialogar antes de que los conflictos estallen.

La protesta de esta semana no surgió de la nada, padres de familia y vecinos aseguran que maquinaria pesada permanece en un predio que consideran destinado para beneficio de una institución educativa. Ante la falta de respuestas claras, los inconformes llevaron su reclamo a la carretera Xonacatlán-Amomolulco, provocando afectaciones viales, caos vehicular y una nueva crisis de imagen para el gobierno municipal encabezado por El Mike.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿cómo llegó el conflicto a este nivel? Porque cuando cientos de ciudadanos consideran que la única manera de llamar la atención de sus autoridades es cerrando una vialidad, algo falló mucho antes del bloqueo, falló la comunicación, falló la sensibilidad política o falló la voluntad para atender una demanda ciudadana que hoy escala a niveles preocupantes.

Mientras los manifestantes exigen la liberación del terreno y advierten que podrían intensificar sus movilizaciones, el gobierno municipal enfrenta un problema que no puede resolverse únicamente con comunicados o silencios administrativos, la inconformidad social tiene una característica peligrosa: cuando no se atiende a tiempo, crece. Y cuando crece, termina convirtiéndose en un símbolo del descontento acumulado.

Lo más delicado para la administración lermense es que el conflicto ya dejó de tratarse exclusivamente de un predio, hoy la discusión gira alrededor de la confianza ciudadana. Los vecinos quieren saber quién autorizó la presencia de maquinaria, bajo qué argumentos se actuó y por qué la comunidad asegura no haber sido escuchada antes de que el problema estallara públicamente.

Porque al final, un gobierno puede controlar una retroexcavadora, puede mover maquinaria e incluso puede intentar administrar una crisis mediática, pero lo que resulta mucho más difícil de controlar es el enojo de una comunidad que siente que sus decisiones se toman desde arriba y sin consultarle.

Y mientras los padres de familia defienden lo que consideran un espacio para la educación de sus hijos, en Palacio Municipal deberían encender más alarmas que las llantas quemadas de la protesta, porque cuando una escuela termina en medio de un conflicto político, el problema ya no es el terreno: es la percepción de que el gobierno perdió contacto con la gente.

El cierre de esta historia todavía está por escribirse, pero la fotografía política ya quedó tomada, de un lado, padres de familia bloqueando carreteras para ser escuchados; del otro, un gobierno que parece enterarse del tamaño de los problemas cuando estos ya aparecen en los encabezados, y si la estrategia oficial consiste en esperar a que el enojo se apague solo, conviene recordar que las llantas quizá dejan de arder en unas horas, pero el desgaste político suele tardar mucho más en extinguirse.

En Lerma las máquinas llegaron primero que las explicaciones y las protestas suelen avanzar más rápido.

               Esteban Díaz