¿Tránsito o Trampa?

En Zinacantepec, la paciencia ciudadana parece haberse agotado. Automovilistas denuncian que, lejos de sentirse protegidos por la autoridad vial, enfrentan operativos que, según sus testimonios, terminan convirtiéndose en una auténtica pesadilla, los señalamientos apuntan a presuntas irregularidades cometidas por elementos de Tránsito Municipal en la zona de Avenida Las Torres y calle Pípila, donde, afirman, la aplicación de la ley habría sido sustituida por prácticas que consideran arbitrarias.

De acuerdo con las denuncias difundidas por ciudadanos, varias mujeres que se identifican como agentes de tránsito operarían junto con un servicio de grúas para remolcar vehículos, aun cuando, según los afectados, no existiría una infracción evidente, los inconformes aseguran que posteriormente les exigen cantidades de entre cinco y seis mil pesos para recuperar sus unidades, sin recibir documentación oficial que respalde el procedimiento. Hasta el momento, estas acusaciones no han sido confirmadas por una autoridad competente.

Las versiones ciudadanas también señalan que algunas patrullas presuntamente carecen de placas oficiales visibles y que una de las agentes cubriría su rostro con un pasamontaña durante los operativos, situación que ha generado preocupación entre quienes consideran que toda actuación policial debe realizarse con plena identificación y apego a la legalidad, son hechos que, de comprobarse, merecerían una investigación inmediata.

Mientras tanto, la administración encabezada por el Chapatín Vilchis vuelve a quedar en el centro de las críticas, los habitantes cuestionan si el gobierno municipal tiene conocimiento de estos señalamientos o, peor aún, si simplemente ha optado por ignorarlos, para muchos ciudadanos, el verdadero problema no es únicamente el comportamiento de algunos elementos, sino la ausencia de una respuesta institucional que brinde certeza y confianza.

El malestar social crece porque la percepción ciudadana es clara: cuando quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley terminan siendo objeto de denuncias, la confianza en las instituciones se erosiona rápidamente, en lugar de generar seguridad jurídica para los automovilistas, los operativos terminan provocando incertidumbre, temor e indignación.

Las denuncias han motivado llamados para que la Contraloría Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía mexiquense revisen el actuar de los elementos involucrados, verifiquen la legalidad de los procedimientos.

Quizá alguien debería colocarle un señalamiento nuevo frente al palacio municipal, «Precaución: aquí la confianza también circula… pero desde hace tiempo está detenida.

                        Diego Sánchez